Auditoría de contratos de PDVSA destapó el último escándalo de corrupción dentro del régimen de Maduro
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De un total de 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo entre enero de 2020 y este mes, PDVSA sólo pudo confirmar la recepción de 4.080 millones de dólares en pagos, lo que significa que sólo ha cobrado con éxito el 16% de las exportaciones.
Redacción | Primer Informe
La petrolera estatal venezolana PDVSA ha acumulado US$21.200 millones en cuentas por cobrar, según documentos vistos por Reuters. Esto ocurre tras recurrir a decenas de intermediarios poco conocidos hace tres años para exportar su petróleo bajo las sanciones de Estados Unidos.
La revelación interna de la enorme cantidad de ventas impagadas -alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados de PDVSA- revela por primera vez la profundidad de las pérdidas de ingresos debido a la retirada de los compradores establecidos de la petrolera desde 2020.
La magnitud de las cuentas por cobrar explica la congelación en enero de los contratos de suministro por parte del nuevo jefe de PDVSA, Pedro Tellechea, que trató de detener los cargamentos impagados inmediatamente después de asumir el cargo. Una serie de intentos de endurecer las condiciones contractuales se produjeron después de que algunos buques se dieran a la fuga sin pagar en los últimos años.
Nicolás Maduro, aceptó el lunes la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien sirvió al gobierno durante dos décadas, en medio de una investigación de corrupción centrada en PDVSA y el poder judicial. En los últimos días, la investigación se ha saldado con el encarcelamiento de decenas de funcionarios. El Aissami ha dicho que colaborará con la investigación.
Según documentos entregados a la fiscalía general de Venezuela durante una auditoría de larga data de los contratos de PDVSA, de un total de 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo entre enero de 2020 y este mes, PDVSA sólo pudo confirmar la recepción de 4.080 millones de dólares en pagos excluyendo algunos canjes como el realizado con Cuba, lo que significa que sólo ha cobrado con éxito el 16% de las exportaciones, según su recuento.
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Daño irrecuperable
Los 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar incluyen unos 3.600 millones de dólares de facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que los clientes habían aceptado esas condiciones, según los documentos.
Las cuentas por cobrar también incluyen un saldo pendiente de pago por Irán por su recepción de cargas de Venezuela desde 2020 como parte de un intercambio de petróleo entre los dos países, muestran los documentos.
Algunos clientes han luchado contra el recuento de pagos fallidos de PDVSA proporcionando documentos de apoyo que no habían sido registrados en el sistema de administración de contratos de la empresa estatal, dijo una fuente de la compañía.
Durante la auditoría, los departamentos de Finanzas Internacionales y Rendición de Cuentas de PDVSA dijeron que, según la documentación registrada por el sistema de contratos de la empresa, ejecutivos de la división de Comercio y Suministro habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pagos.
Ejecutivos detenidos
El ex vicepresidente de Suministro y Comercio de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, y unos 20 ejecutivos que trabajaban para él han sido arrestados, según personas familiarizadas con el asunto.
Cuando Estados Unidos impuso por primera vez sanciones petroleras a PDVSA en 2019 en un esfuerzo por derrocar a Maduro tras una reelección que fue denunciada como una farsa por opositores, PDVSA recurrió a unidades de la petrolera rusa Rosneft para comercializar la mayor parte de sus ventas a Asia y compensar la pérdida de su principal mercado, Estados Unidos.
Pero esas unidades de Rosneft se enfrentaron a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020, lo que obligó a PDVSA a recurrir primero a una red de intermediarios con sede en México que también fue sancionada por Washington, y más tarde a decenas de intermediarios menos conocidos, lo que agravó el problema del impago.
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