Medios independientes y defensores de la libertad de expresión acorralan a Telefónica por permitir espionaje de Maduro a venezolanos
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Preguntan al presidente de Telefónica si «¿evaluaron el impacto que tendrían estas solicitudes en la privacidad y en la libertad de expresión en Venezuela, claramente violatorias de principios democráticos fundamentales?».
Redacción | Primer Informe
Una carta enviada al presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, no deja dudas sobre la indignación causada por las revelaciones del Informe de Transparencia que presentó la filial de esa firma de telecomunicaciones en Venezuela.
En dicho documento, la empresa admite que interceptó comunicaciones de más de 1 millón y medio de líneas de sus clientes en Venezuela, entregó metadatos de casi un millón de accesos y bloqueó 27 URL en el período comprendido entre 2016 y 2021, bajo exigencia del régimen de Nicolás Maduro.
La misiva, firmada por las organizaciones IPYS Venezuela, RedesAyuda y CLEX Venezuela, y a la que tuvo acceso exclusivo Primer Informe, confronta con dureza al presidente de la firma por faltar a «su expreso compromiso de estar ‘firmemente comprometidos con los derechos humanos de las personas y en especial con los derechos de privacidad y libertad de expresión'».
Dicen que «las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas, con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido». Sin embargo refieren que hasta en esos casos, el Ministerio Público debe ser notificado y constar en un expediente.
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Las exigencias a Telefónica
Los firmantes exigen información «sobre la debida diligencia efectuada para resguardar los derechos a la libertad de expresión y la privacidad en Venezuela, así como los fundamentos para dar respuesta a las solicitudes de las autoridades competentes, las razones para efectuar bloqueos y restricción de contenidos en Venezuela».
«También quisiéramos nos informara cómo ha sido el procedimiento que según su informe rige la colaboración con las autoridades competentes», solicitan en la carta.
Destacan cómo entre 2016 y 2021 se cuadruplicó el número de solicitudes de intercepción de comunicación y envío de metadatos por parte del régimen chavista. Dicen que el impacto de esto llegó a «afectar al 21% del total de abonados reportados por la empresa para el año pasado».
Preguntan a Álvarez-Pallete si «¿Evaluaron ustedes el impacto que tendrían estas solicitudes en la privacidad y en la libertad de expresión en Venezuela, claramente violatorias de principios democráticos fundamentales?».
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Así afectó Telefónica la libertad de expresión
Según refiere la carta, las acciones reconocidas por Telefónica, afectaron 1.389 URL’s entre 2016 y 2021. Estas afectaron ONG’s y medios independientes. «(…) hemos alertado de manera reiterada que estas restricciones de acceso han afectado la conexión a portales de noticias desde el servicio que presta Movistar, los cuales se han ejercido mayormente bajo la modalidad de bloqueos por DNS».
IPYS también dice que confirmó que en los últimos años, Movistar-Telefónica censuró los portales de más de 40 medios de comunicación en el país. Todo a pedido del régimen de Nicolás Maduro.
«De acuerdo con las evidencias recabadas durante 2021, entre los medios más afectados por estos bloqueos selectivos que son ejercidos principalmente desde los servicios de internet, Cantv, Movistar y Digitel, se encuentran: VIVOplay, VPItv, NTN24, Noticia al Día, El Pitazo, Caraota Digital, Albertonews, Monitoreamos, Armando.Info, La Patilla, Efecto Cocuyo, Aporrea, 2001, Correo del Orinoco, Punto de Corte, Runrunes, Crónica Uno, El Cooperante, El Universal, Globovisión, El Nacional, Correo del Caroní, La Mañana, Sumarium, Infobae, El Tiempo, EVTV, y las páginas de las organizaciones Insight Crime, Acceso a la Justicia y Mi Convive».
En la carta advierten que la arbitraria interceptación de comunicaciones ciudadanas, genera riesgos importantes para el derecho a la privacidad y protección de datos. Esto «constituye una violación de los estándares de Derechos Humanos que señalan que la buena gestión de información personal exigen el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia, proporcionalidad, minimización, seguridad, adecuación y responsabilidad». Todos estos principios forman parte de la Global Network Initiativa, organización a la que pertenece Telefónica.
Finalizan solicitando respuestas al presidente de la empresa española y exigen «el respeto a la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la privacidad».
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