Miles de investigadores y académicos levantan fuerte protesta contra la controversial nueva ley de Ciencia en México
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La aprobación de la ley agrava las tensiones entre la comunidad investigadora y el gobierno de AMLO, que ha recortado drásticamente la financiación de la ciencia en México y acusado a algunos científicos de delincuencia organizada.
Redacción | Primer Informe
Más de 14.000 personas han firmado una carta en protesta por la aprobación de una nueva ley de la ciencia en México el 29 de abril. Los investigadores están organizando una marcha en contra a finales de este mes e incluso han convocado una huelga. Dicen que la legislación – la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación – consolida el poder sobre la ciencia con el gobierno e ignora los deseos de la comunidad investigadora. Y están enfadados porque el partido gobernante en México, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se apresuró a aprobar la ley. La aprobación no siguió los procedimientos parlamentarios normales, dicen los investigadores.
El proceso fue «atípico» e «irregular», afirma Fidel Sánchez, investigador en bioinformática de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México.
La aprobación de la ley agrava las tensiones entre la comunidad investigadora y el gobierno de AMLO, que ha recortado drásticamente la financiación de la ciencia en México y acusado a algunos científicos de delincuencia organizada.
La ley lleva cuatro años gestándose. Poco después de que Obrador asumiera el cargo en 2018, el país modificó su constitución para garantizar a las personas el derecho a «disfrutar de los beneficios» de la ciencia y la tecnología. Los funcionarios propusieron entonces actualizar la ley de ciencia de México para alinearse con esta idea.
A la comunidad científica le preocupaba que la principal agencia científica del país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dominara el proceso. Así que se organizaron una serie de sesiones de debate en las que investigadores académicos y directores de instituciones educativas pudieran expresar sus puntos de vista. Hubo retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y a desacuerdos entre las partes. Este año, el gobierno propuso celebrar siete foros oficiales de debate, pero sólo se celebraron unos pocos antes de que la votación del mes pasado acelerara la aprobación de la legislación, junto con otras 19 leyes en un proceso acelerado.
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Cambios controversiales
Aunque parece positivo garantizar el derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia, Sánchez afirma que un gran problema de la legislación es que es imprecisa sobre cómo se garantizará. Otro problema es que, según la ley, un consejo de gobierno priorizará los proyectos científicos en función de su potencial para resolver problemas nacionales. Según Sánchez, esto podría reducir la financiación de la ciencia básica. «¿Cómo vamos a tener una ley que nos permita cumplir con el derecho constitucional que tienen las personas a la educación, la ciencia y sus beneficios, si no tenemos la libertad de cómo hacemos ciencia?».
Ese consejo estará integrado por el director del Conacyt -que la ley transforma en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conacyt)-, así como por representantes de varias secretarías de gobierno y ocho miembros de la comunidad científica. Un órgano consultivo interno, presidido por el director del Conacyt, examinará a los científicos. Esta estructura no garantiza una «pluralidad de voces», afirma Alma Cristal, química y presidenta de la Sociedad Mexicana para el Avance de la Ciencia en Ciudad de México.
La ley también especifica que si un proyecto recibe financiación del gobierno, cualquier propiedad intelectual que resulte será propiedad del gobierno a menos que se acuerde lo contrario, dice Cristal. El problema de que el Conahcyt se quede con la propiedad intelectual «es que no tiene los mecanismos, las instalaciones ni los recursos humanos o materiales para tomar esa propiedad intelectual y transferirla a productos», agrega.
A los investigadores también les preocupa que la nueva ley introduzca un cambio que afecte al gasto en ciencia. La ley anterior especificaba que el 1% del producto interior bruto del país debía invertirse en ciencia, aunque México nunca cumplió ese objetivo. Ahora la ley especifica «que no se puede invertir menos que el año anterior», dice Sánchez. Esto significa que si el gobierno aumenta la cantidad en sólo un peso (0,057 dólares) al año, estará cumpliendo con la ley. «No hay obligación de crecer».
En un comunicado de prensa emitido al día siguiente de la entrada en vigencia de la ley, el Conacyt dijo que la legislación «es el resultado de un extenso proceso de diálogo y consenso de 4 años, en el que participaron más de 70.000 personas e instituciones».
Puntos a favor
No todos los científicos están en contra de la nueva ley de la ciencia. Juan Martínez, biólogo del Instituto de Ecología de Xalapa, afirma que algunos de sus colegas están «totalmente a favor».
Otros dicen que la ley tiene puntos positivos, aunque no estén de acuerdo con su orientación general. Cristal, por ejemplo, dice que su redacción es más inclusiva y menciona el objetivo de colocar personal científico en las embajadas del país. Incluye «algunos buenos deseos relacionados con la diplomacia científica», dice, pero no especifica cómo conseguirlos.
Dado el descontento con la ley, probablemente será impugnada ante los tribunales. Personas e instituciones disponen de 30 días a partir del 8 de mayo, fecha en que se promulgó, para presentar demandas. Martínez espera que la ley sea modificada: «Si los jueces consideran que no se ha respetado la Constitución, van a sugerir al poder legislativo algún tipo de corrección».
Información de Nature.
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