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Honduras toma nota de El Salvador y declara estado de emergencia contra las pandillas

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Honduras toma nota de El Salvador y declara estado de emergencia contra las pandillas

Honduras se convirtió en el segundo país de Centroamérica en declarar el estado de emergencia contra los crímenes de pandillas como la extorsión.

Redacción | Primer Informe

Honduras se convirtió en el segundo país de Centroamérica en declarar el estado de emergencia para luchar contra las pandillas

Durante años, las pandillas callejeras han cobrado dinero por protección a los conductores de autobuses y taxis y a los propietarios de tiendas en Honduras, al igual que en el vecino El Salvador.

A última hora del jueves, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, propuso una medida para limitar los derechos constitucionales con el fin de acorralar a los pandilleros.

«Este gobierno socialdemócrata le declara la guerra a la extorsión, como desde el primer día le ha declarado la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico», dijo Castro. La medida aún debe ser aprobada por el Congreso. «Vamos a erradicar la extorsión en todos los rincones de nuestro país».

El viernes, Jorge Lanza, el líder de los operadores de autobuses en Honduras, apoyó la medida, diciendo que los conductores de autobuses estaban cansados de ser amenazados y asesinados por no pagar el dinero de protección. Lanza dijo que los conductores llevaban años pidiendo que se tomaran medidas enérgicas.

«No podemos seguir soportando que los trabajadores sean asesinados y paguen extorsiones», dijo Lanza. «Esperamos que estas medidas funcionen y se mantengan».

Lanza dijo que 50 conductores han sido asesinados en lo que va de 2022, y un total de 2.500 en los últimos 15 años. Estimó que las empresas y los conductores han pagado un promedio de unos 10 millones de dólares al mes a las bandas para poder operar.

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Estado de Excepción como El Salvador

Honduras no ha especificado exactamente en qué consistiría el estado de excepción, pero normalmente este tipo de medidas suspenden temporalmente las normas habituales que regulan las detenciones y los registros; en ocasiones también se aplican límites a la libertad de expresión y de reunión.

En el vecino El Salvador, el presidente Nayib Bukele solicitó al Congreso que le concediera poderes extraordinarios después de que se atribuyera a las bandas 62 asesinatos el 26 de marzo, y ese decreto de emergencia se ha renovado cada mes desde entonces. Suspende algunos derechos constitucionales y da a la policía más poderes para detener y retener a los sospechosos.

Esta medida ha resultado ser muy popular entre el público de El Salvador, y ha dado lugar a la detención de más de 56.000 personas por presuntos vínculos con las bandas.

Pero las organizaciones no gubernamentales han contabilizado varios miles de violaciones de los derechos humanos y al menos 80 muertes de personas detenidas durante el estado de excepción.

Los activistas de derechos humanos afirman que a menudo se detiene a los jóvenes sólo por su edad, apariencia o por vivir en una barriada dominada por las bandas.

Información de ABC News.

 

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