Europarlamento insiste en investigar la responsabilidad de Pedro Sánchez en el ‘Delcygate’
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Josep Borrell ya negó que la Comisión Europea pueda sancionar a España por este motivo, postura que se mantiene.
Redacción | Primer Informe
Aunque muchos buscan que el caso Delcygate quede en el olvido, el Parlamento Europeo, no lo quiere así. Este martes la Comisión de Peticiones del organismo europeo señaló que las investigaciones en torno al controversial caso, seguirán su curso e incluso pedirán, a través de una misiva, explicaciones al ejecutivo español.
Además, esta comisión también enviará sendas misivas al ejecutivo comunitario y la presidencia semestral alemana.
En este sentido, el Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno de Pedro Sanchez, de la reunión que sostuvieron en enero el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos y la número dos del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
La Comisión de Peticiones lo que quiere es saber las medidas adoptadas por Moncloa para evitar que la funcionaria del régimen chavista de Nicolás Maduro entrara a territorio español, y por tanto comunitario, a pesar de las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez que prohíben expresamente su entrada a territorio de la comunidad europea.
La vicepresidenta del régimen venezolana está incluida en la lista de 36 dirigentes venezolanos sancionados por violaciones de los derechos humanos.
El traslado de la petición ha tenido lugar gracias al posicionamiento a favor de PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, mientras que PSOE y Podemos han rechazado que la petición siguiera su curso en Europa. Tras el debate, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido que este asunto requiere seguir siendo investigando.
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La comision dirigida por Montserrat, también solicitará la opinión de la Comisión Europea a través de una carta, porque según la funcionaria es “competente para asegurar el cumplimiento del derecho de la UE, de manera que recabe toda la información disponible para conocer qué pasó”, además al gobierno alemán, que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y es por tanto responsable del grupo de sanciones del órgano Relex comunitario.
Fuentes en el Parlamento Europeo aseguraron al medio español La Razón que ambos órganos tendrán un periodo de tres a cuatro meses para contestar como cortesía parlamentaria.
Es un debate que se ha cursado gracias a la petición de una ciudadana con nacionalidad española a fecha de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, y en el que se ha incluido el “Delcygate”, debido a la actualidad. Es un debate sin efectos vinculantes pero que sí permite trasladar al gobierno español presión por parte de las fuerzas políticas europeas.
Desde el PP, sus eurodiputados pidieron explicaciones a la Comisión Europea y también al Consejo de la UE, calificando además de “grave” que no se tomen las medidas necesarias para hacer cumplir las sanciones. Pero para el eurodiputado, Leopoldo López Gil, es “aún más grave” que esa actuación no haya tenido respuesta por parte de Bruselas porque “se puede interpretar como luz verde de las instituciones europeas a la falta de voluntad jurídica de los estados miembros de aplicar la restricción de viajes” a las personas afectadas por las sanciones, como Delcy Rodríguez.
El 20 de enero de este año Delcy Rodríguez llegó a Madrid en un vuelo procedente de Caracas. Estuvo en la sala VIP de la terminal para autoridades de ese aeropuerto. Allí se reunió con el Ministro José Luis Ábalos y se marchó en un vuelo comercial rumbo a Doha. Jordi Cañas diputado al parlamento europeo, logró en febrero que el tema entrara en discusión en el Pleno del organismo, en el que Josep Borrell negó que la Comisión Europea pueda sancionar a España por este motivo, postura que ha vuelto a mantener hoy el ejecutivo comunitario.
La UE no tiene competencias en política exterior y, por eso, cualquier decisión requiere la unanimidad de las cancillerías europeas. Precisamente, esta regla que muchas veces bloquea los debates europeos implica que el ejecutivo comunitario no tenga potestad para abrir un procedimiento de infracción a ningún país ante la posible vulneración de sanciones. Una facultad de la que Bruselas sí dispone para otro tipo de violaciones de las leyes comunitarias. Corresponde al Servicio de Acción Exterior asegurarse de la aplicación homogénea de estas sanciones en todos los países europeos, pero hasta el momento no ha trascendido que ningún socio comunitario haya pedido a España ningún tipo de explicación. El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ya compareció en la sesión plenaria del Parlamento Europeo antes las protestas de las fuerzas políticas españolas y se limitó a señalar la falta de competencias del ejecutivo comunitario en esta cuestión.
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