La vuelta en U del chavismo con la ‘ley antibloqueo’
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La nueva e ilegal legislación madurista permite a inversionistas extranjeros ingresar al negocio petrolero, previamente nacionalizado por Chávez, «queda por ver quién correrá el riesgo».
En un cambio radical, el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, se está preparando para privatizar empresas estatales que alguna vez fueron nacionalizadas por su predecesor y fundador de la «revolución socialista» del país, Hugo Chávez.
Una nueva legislación conocida como «ley anti-bloqueo» ayudará al gobierno de Maduro a consolidar aún más el poder al permitir cierta inversión privada extranjera en el atribulado sector petrolero del país. La legislación también permite la creación de permisos que venden partes de empresas estatales, como cerveceras y productores de alimentos, para recaudar fondos para programas sociales.
«Los de izquierda están denunciando la apertura de la puerta a la inversión privada y la privatización como una violación a la soberanía y una traición al ‘chavismo'», dijo Paul J. Angelo, miembro latinoamericano del Consejo de Relaciones Exteriores.
“Chavismo” es el nombre que se le da a la ideología nacionalista y socialista adoptada por el difunto y carismático Chávez, quien gobernó el país sudamericano rico en petróleo desde 1999 hasta su muerte por cáncer en 2013. Pero ahora, la pobreza extrema, la escasez de alimentos y los apagones han reemplazado el fervor socialista de muchos.
“La ley anti-bloqueo es la respuesta de la administración de Maduro a las sanciones y el objetivo específico de estas privatizaciones es restaurar la capacidad del régimen para financiar programas sociales mientras el régimen se queda sin dinero”, dijo Angelo.
En 2002, Chávez expulsó a los altos mandos de la petrolera estatal PDVSA, y cinco años más tarde nacionalizó partes del sector petrolero, forzando a las principales petroleras estadounidenses como Exxon. A medida que subían los precios del petróleo y el gobierno llenaba sus arcas con las ventas de petróleo a Estados Unidos, Chávez utilizó parte de esos ingresos para impulsar programas sociales y cumplir su promesa de reducir la pobreza. También soñaba con difundir su tipo de socialismo en América Latina.
Tras la muerte de Chávez, quien toleró la corrupción y la mala gestión durante su mandato, su protegido Maduro reclamó la victoria electoral. Pero cuando el precio del petróleo colapsó en 2014, también lo hizo la economía de Venezuela y todos los esfuerzos de alivio de la pobreza financiados por el dinero del petróleo.
«Retóricamente, el intento aquí es culpar a Estados Unidos y otros actores sancionadores, en lugar de abordar las propias responsabilidades del régimen de Maduro por la disminución de recursos», dice Angelo.
Con Maduro a la cabeza, Venezuela llevó al socialismo a sus límites, utilizando la vasta riqueza mineral del país para gastar en lo que el gobierno considerara necesario. Cuando la producción de petróleo se desplomó, Maduro comenzó a extraer oro y exportarlo a sus aliados a cambio de importaciones de alimentos. Las políticas socialistas y el gasto descontrolado hicieron que la hiperinflación se disparara.
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En 2017, las protestas antigubernamentales generalizadas se encontraron con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Maduro consolidó aún más el poder al tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y neutralizar el parlamento. El líder del parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se declaró presidente a principios de 2019. Estados Unidos y la Unión Europea apoyan a Guaidó, pero el esfuerzo fracasó en la transición de Venezuela hacia la democracia.
En un signo de desesperación, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a imponer sanciones más severas a los miembros del gobierno y a la compañía petrolera estatal en un intento por paralizar a Maduro y su círculo íntimo. Los principales miembros del gobierno de Maduro han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por abusos contra los derechos humanos, corrupción y tráfico de drogas.
Venezuela está intentando eludir esas sanciones con la nueva ley. Maduro dijo que la legislación «contiene una característica especial que contrarresta el bloqueo y las sanciones ‘criminales’ de Estados Unidos».
“Nuestro país cree en mí y cree en esta ley”, agregó con orgullo. «Porque yo lo escribí».
Algunos observadores creen que las sanciones de Trump han fracasado en gran medida y especulan que Maduro venderá acciones de la petrolera estatal a aliados como Rusia y China. Irán, que ya está eludiendo las sanciones enviando combustible a Caracas, la capital de Venezuela, también es un posible inversor.
Al economista Francisco Rodríguez le preocupa que, en lugar de debilitar al régimen, las sanciones hayan empujado a los venezolanos comunes a la pobreza y, en consecuencia, hayan fortalecido el poder de Maduro.
«Estados Unidos ha pedido efectivamente a los venezolanos que paguen el precio por las atrocidades de Maduro», escribió. “Continuar haciéndolo no ganará corazones ni mentes. Al contrario, aislará aún más al régimen de sus propios fracasos y abusos «.
De hecho, Maduro mantiene el poder mientras los venezolanos comunes buscan comida y hacen fila para que la gasolina alimente sus autos. Una vez barata y abundante, el doble golpe de un sector petrolero mal administrado y las sanciones a las importaciones de combustible han significado que la gasolina sea extremadamente difícil de encontrar. Las protestas por esta escasez cada vez más severa se están agitando. En el estado central de Yaracuy, una ola de manifestantes antigubernamentales tomó las calles por falta de combustible y alimentos.
Ahora, para hacer uso de esta nueva ley, Maduro tendrá que encontrar compradores para las acciones de la petrolera PDVSA y las otras empresas estatales que su administración busca privatizar. Las sanciones de Estados Unidos actualmente prohíben que las empresas estadounidenses y las empresas de energía extranjeras hagan negocios con el régimen de Maduro. Queda por ver quién correrá el riesgo.
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