Rechazo a la Ley Antibloqueo de Maduro revela más grietas dentro del chavismo
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Nuevas voces disidente dentro de antiguos partidarios muestra cómo se reducen los aliados del régimen dentro del país.
Redacción | Primer Informe
La opacidad con que fue manejado el diseño y la posterior aprobación de la llamada Ley Antibloqueo generó ruidos dentro del propio partido de Nicolás Maduro.
No solamente los representantes de los movimientos democráticos venezolanos han rechazado el nuevo texto que, como el constitucionalista Juan Raffalli explicó a El Mundo, se trata de «una ley antiderecho, la negación misma del estado de Derecho. [El dictador] puede desaplicar normas jurídicas, decidir qué ley le incomoda para desaplicarla«.
Pero, no solo de la oposición parten las críticas. Hasta movimientos de base del chavismo han protestado en repudio a la imposición de una ley con agenda oculta, que temen vulnera la Constitución bolivariana de Hugo Chávez.
La medida también encontró detractores del monolítico bloque siempre alineado a seguir las órdenes dadas por el dictador dentro de la ilegal Asamblea Constituyente controlada por el régimen,
Uno de los disidentes de la Ley Antibloqueo dentro de la constituyente es Telémaco Figueroa, consideró que la nueva legislación es «inconstitucional» y que no se han revisado algunos de sus contenidos que son cosas extremadamente delicados.
Figueroa denunció el secretismo que rodea al texto y dijo que tiene una segunda versión que “nadie conoce” y que no fue la misma presentada por Maduro.
Otra que quebró la unanimidad que ha caracterizado a la ilegal Asamblea Constituyente madurista fue María Alejandra Díaz, quien salvó su voto cuando se sometió a escrutinio el instrumento jurídico.
A través de su cuenta en Twitter Díaz Marín aseguró que cuando “conozca el texto” emitirá “opinión sobre el fondo en documento”.
En el comunicado publicado en su cuenta de Twitter asegura que “ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable se que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
LEY ANTIBLOQUEO.
Muy a mi pesar y confío conciencia tranquila, debo salvar el voto en este caso. Emitiré opinión sobre el fondo en documento aparte una vez conozca el texto. pic.twitter.com/8M1WYQc9JL— María Alejandra Díaz Marín (@MariaesPueblo) October 8, 2020
Otro de los detractores de esta nueva legislación dentro de la Constituyente chavista fue Earle Herrera.
En un artículo escrito por el medio de propaganda del régimen, Ciudad Caracas, Herrera calificó la legislación como “Ley Autobloqueo”, y con la frase tituló su artículo de opinión.
“Los artículos de la ley antibloqueo sobre confidencialidad son inútiles e innecesarios. El secretismo sólo ha servido en Venezuela para que sepamos de los pillos del tesoro, Pdvsa o Cadivi, cuando aparecen procesados en el exterior”, cuestionó Herrera.
Luis Brito García, también se unió en contra de la medida coincidió con Maria Alejandra Díaz en el riesgo implícito en la propuesta antibloqueo de que el Estado venezolano pierda soberanía como consecuencia de la “desaplicación y flexibilización del ordenamiento jurídico por tiempo indefinido y en secreto”.
Una treta electoral
Expertos económicos también avizoran que el régimen venezolano usará la nueva ley para privatizaciones encubiertas y para la creación de mecanismos financieros sin límites de endeudamiento.
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, explicó que la Ley Antibloqueo también es un instrumento para la campaña de cara a los comicios del 6 de diciembre (elecciones parlamentarias no reconocidas por la oposición y por democracias occidentales y regionales).
«Saben que la mayoría de los venezolanos responsabilizan a Maduro de la crisis, pero también cree que el bloqueo no produce cambios, amplifica la crisis y afecta a sus vidas. El Gobierno intenta así diluir su responsabilidad y culpar a terceros», comentó.
Por su parte la ONG defensora de los Derechos Humanos Provea, considera que la ley «fortalece el carácter autoritario del Gobierno. Es prácticamente privatizar los activos de la República bajo un manto de poca transparencia y mucha discrecionalidad», adelantó Provea, ONG de derechos humanos.
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