El impacto de las mentiras de un informante en el caso contra El Aissami en Nueva York
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Las declaraciones falsas que hizo el piloto venezolano Alejandro Marín pueden dar la vuelta a un caso que de por sí se les venía complicando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Redacción | Primer Informe
El caso en contra del ministro de Petróleo del régimen venezolano Tareck El Aissami, podría comprometerse luego de una sorpresiva nueva versión que posiblemente dará un poco de oxígeno a la élite del gobierno chavista que acusa a Estados Unidos de estar recurriendo a acusaciones inventadas para lograr el cambio de gobierno en Venezuela.
El piloto y empresario venezolano Alejandro Marín fue detenido el 19 de septiembre en Miami por haber hecho declaraciones falsas sobre 140 mil dólares relacionados con la industria criminal, según confirmó la periodista venezolana Maibort Petit.
Según Petit, Marín, de manera deliberada, habría “falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares”.
En una declaración jurada adjunta a la orden de arresto del 4 de septiembre, no menciona ni a Venezuela, ni a El Aissami.
Sin embargo, acusa a Marín de haber mentido sobre los 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1.3 millones de euros en efectivo que trasladó en un avión privado a Estados Unidos en julio de 2018 por orden de las autoridades federales.
Marin, de 46 años, quien dirige un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto ejecutivo Opa Locka de Miami, fue inscrito como fuente confidencial para ayudar a investigar al entonces vicepresidente El Aissami y su presunto testaferro el empresario Samark López, según una persona familiarizada con el caso que habló de forma anónima sobre la investigación en curso.
El piloto venezolano también está siendo investigado por sus vínculos con Víctor Mones Coro, fundador de una firma de servicios de vuelos privados estadounidense, que habría movilizado al ex vicepresidente de Economía de Venezuela, acusado de narcotráfico por Washington. Este empresario se declaró culpable de haber violado las sanciones de la administración Trump.
El gobierno de Donald Trump incautó cientos de millones de dólares de cuentas bancarias norteamericanas luego de haber sancionado a El Aissami y a López como capos de la droga en 2017. Además fueron incautados dos yates, un avión privado y bienes raíces en Miami que presuntamente eran ingresos ilegales de envíos de cocaína a cárteles mexicanos coordinados al más alto nivel entre el gobierno y el ejército de Venezuela.
Samark López y Tareck El Aissami están en la lista de las 10 personas más buscadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, aunque los dos niegan las acusaciones en su contra y López incluso, apeló sin éxito a la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar de impedir que las víctimas de secuestro de las FARC se llevaran una parte los $318 millones de activos congelados en los Estados Unidos luego de su designación como “capo de la droga” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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El Aissami más que cualquier otro de las docenas de funcionarios venezolanos sancionados, ha sido una espina clavada en el costado de la aplicación de la ley de Estados Unidos, que ha pasado gran parte de la última década buscando pruebas que lo vinculen con los cárteles de Colombia y los grupos terroristas del Medio Oriente.
Sin embargo, ni El Aissami ni López han sido acusados de tráfico de drogas, incluso cuando en marzo fueron agregados Maduro y otros funcionarios chavistas a amplios cargos de conspiración narcoterrorista que acusan al régimen venezolano de ser una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.
Se espera que Alejandro Marín comparezca ante el tribunal para una audiencia de detención previa al juicio el 30 de septiembre.
El piloto venezolano ayudó a transportar por orden de un asociado extranjero identificado solo como “Individuo 1”, 1.3 millones de euros de los cuales faltaron 140.000 dólares. Los investigadores indicaron a Alejandro Marín instrucciones para intentar recuperar el dinero faltante, transfiriéndose a una cuenta bajo el control de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que es la agencia líder en delitos financieros que se extienden más allá de las fronteras estadounidenses.
Luego de haber sido rechazadas dos transferencias, el dinero se depositó unos meses después en una empresa controlada por Alejandro Marín. Este nunca se lo dijo a los investigadores. Alrededor de $ 90,000 provinieron de una organización afiliada a un equipo de fútbol extranjero anónimo asociado con el “Individuo 1”, según el testimonio del agente especial de HSI, Timothy McCann.
Al ser interrogado sobre los fondos que faltaban, Marín reiteró que no pudo recuperar nada del efectivo faltante.
No obstante, el 28 de agosto, Alejandro Marín cambió su historia y dijo que luego de consultar con su contador, recordó que de hecho había recibido $130.000 del “individuo 1”, parte de los cuales provenían de la organización asociada con el club de fútbol.
McCann no mencionó ningún club de fútbol en su testimonio. No obstante se conoce la gran afición de El Asissami por la disciplina deportiva y en 2015 fue parte de los jugadores de un equipo de fútbol de la liga de fútbol del país sudamericano mientras fue gobernador de esa entidad entre 2012 y 2017.
Aún no está claro si las nuevas revelaciones de Alejandro Marín tendrán algún impacto en el caso de las sanciones contra Tareck El Aissami, Samark López y tres acusados que se encuentran actualmente bajo custodia federal de Estados Unidos.
Bonnie Klapper, exfiscal federal en Nueva York, dijo que los cargos contra un informante del gobierno por mentir “obviamente van en detrimento del caso del gobierno, pero no es una sentencia de muerte”.
Ella comparó la situación con lo que sucedió en otro caso de alto perfil en Venezuela, el juicio por narcóticos de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, donde el gobierno tuvo que romper a mitad de camino un acuerdo de cooperación con un equipo de informantes de padre e hijo que también fueron encontrados mintiendo al gobierno. No obstante, el caso procedió y los dos llamados “narco sobrinos” fueron condenados por un jurado y condenados a 18 años de prisión en 2017.
Con información de AP.
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