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Cabo Verde dice que defensa de Alex Saab convirtió el caso en una «telenovela en la que no vamos a participar»

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Cabo Verde dice que defensa de Alex Saab convirtió el caso en una «telenovela en la que no vamos a participar»

El Primer Ministro del país africano dice que su gobierno no quiere unirse al elenco de la telenovela que está intentando hacer Garzón y la defensa del empresario colombiano acusado de ser el principal financista del régimen chavista.

Redacción | Primer Informe

El primer ministro caboverdiano dijo hoy que la decisión sobre la extradición del empresario colombiano Alex Saab, al que Estados Unidos considera testaferro del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, corresponde a los tribunales, negándose a participar en la «telenovela» del caso.

«El Gobierno de Cabo Verde y los tribunales de Cabo Verde no están presionados”, comenzó afirmando el primer ministro Ulisses Correia e Silva, en una entrevista con la agencia Lusa, cuestionado este proceso que colocó a Cabo Verde en el centro de una disputa internacional entre Estados Unidos y Venezuela.

“Este caso se está transformando en una telenovela en los medios, con cartas, artículos, declaraciones, tratando de llevarlo al campo político. El Gobierno de Cabo Verde no quiere unirse al elenco de esta telenovela”, añadió.

El Premier de Cabo Verde insiste: «El caso queda en manos de la Corte y es la Corte la que debe decidir en última instancia».

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Alex Saab, de 48 años, fue detenido el 12 de junio por Interpol y las autoridades caboverdianas, durante una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, con base en una orden de captura internacional emitida por los Estados Unido, quien lo considera el testaferro de Nicolás Maduro.

Aunque la Corte de Apelaciones de Barlavento en la isla de São Vicente, responsable de la decisión de extradición solicitada formalmente por Estados Unidos, aprobó esta solicitud el 31 de julio, la defensa de Saab apeló ante la Corte Suprema del país.

Durante la fase administrativa del proceso de extradición, antes de proceder a una decisión judicial, el Gobierno de Cabo Verde, a través del Ministerio de Justicia, autorizó esta solicitud con base en una opinión de la Fiscalía General.

Ulisses Correia e Silva garantiza que la posición del Gobierno es inequívoca: «El caso queda en manos de la Corte y es la Corte la que debe decidir en última instancia».

Estados Unidos acusa a Alex Saab de lavar $ 350 millones para pagar actos de corrupción del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro a través del sistema financiero estadounidense, mientras la defensa del empresario colombiano, que incluye al exjuez español Baltasar Garzón su bufete de abogados, dice que se encontraba de viaje con pasaporte diplomático, como “enviado especial” del Gobierno de Venezuela y que, por tanto, la detención fue ilegal.

La defensa también insiste en que Cabo Verde está cediendo a la presión de Estados Unidos en este proceso.

A principios de septiembre, Alex Saab denunció en una carta citada por El Mundo que «Estados Unidos tiene cuatro empleados de Cabo Verde» que lo están torturando en la prisión donde se encuentra recluido en el archipiélago.

«Soy un enviado especial de Venezuela a Rusia e Irán, tengo inmunidad diplomática y exijo mi liberación», insiste el empresario colombiano.

Alex Saab dice que «el propósito de estos criminales», los presuntos cuatro hombres que lo torturaron, es «firmar su extradición voluntaria a Estados Unidos», así como realizar declaraciones falsas contra Maduro.

Por otro lado, en agosto se informó en Estados Unidos que dos funcionarios caboverdianos viajaron a Caracas como emisarios del gobierno y se reunieron con el presidente Nicolás Maduro, para discutir el proceso Alex Saab.

El gobierno caboverdiano desmintió esta versión, negando que hubiera enviado alguna misión a Venezuela, y días después dimitió como presidente de la junta directiva de la farmacéutica pública Emprofac, Fernando Gil Évora, uno de los dos caboverdianos que viajaron. a Caracas, alegando “violación de los deberes inherentes al administrador público y desvío del objeto de las funciones”, y la Fiscalía abrió una investigación sobre este caso.

Con información de Visao.

 

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