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Justicia Británica restringirá testimonio del presidente del Banco Central chavista en el juicio por el oro venezolano

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Justicia Británica restringirá testimonio del presidente del Banco Central chavista en el juicio por el oro venezolano

La defensa de Guaidó dice que el testimonio del funcionario pretende alegar «consecuencias potencialmente catastróficas para la economía venezolana» si se reconoce a la junta interina.

Redacción | AFP

El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, verá restringido su testimonio en un nuevo juicio en julio entre representates de Nicolas Maduro y Juan Guaidó por el control de 32 toneladas de oro depositado en Londres, dictó el viernes una jueza británica.

Los dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el acceso a los lingotes, valorados en más de mil millones de dólares y custodiados desde hace años por el Banco de Inglaterra en sus cámaras acorazadas.

La larga saga judicial dio una victoria inicial al líder opositor en julio de 2020, que fue sin embargo anulada por un tribunal de apelación en octubre de ese mismo año.

Acumulando los recursos por ambas partes, el caso llegó en julio de 2021 a la Corte Suprema británica que el pasado diciembre volvió a dar la razón a Guaidó, pero solo parcialmente.

La máxima jurisdicción británica estableció que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, la justicia reconoce al opositor y no a Maduro como presidente de Venezuela.

Ambos habían designado juntas directivas rivales del Banco Central de Venezuela (BCV), que dieron órdenes contradictorias al Banco de Inglaterra sobre qué hacer con el oro.

Sin embargo, el nombramiento de su junta por Guaidó fue invalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, así que la justicia británica ordenó en diciembre analizar si acepta esta medida, tomada por una institución que los opositores califican de «marioneta del régimen».

Un nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio, estableció la magistrada Sara Cockerill.

«El juicio de julio determinará la cuestión de la validez de los nombramientos de la junta de Guaidó. Si sus nombramientos no son válidos, el tema se acaba aquí», subrayó Richard Lissack, abogado inglés del gobierno de Caracas, en una vista preliminar celebrada el viernes.

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No «infectar» los procedimientos

Ortega, presidente de la junta directiva nombrada por Maduro, testificará durante las vistas, precisó Lissack.

Su intención es hacerlo en persona en Londres, aunque aún está a la espera de recibir una visa de viaje, precisó a la AFP un miembro de su equipo legal.

No obstante, la jueza restringió las cuestiones sobre las que podrá ser interrogado y dar testimonio.

«Limitaré la prueba testifical a los asuntos que sean relevantes» a la invalidación de los nombramientos por el TSJ, evitando cuestiones que «complican el procedimiento».

Así, Ortega podrá retomar una declaración de 2019 sobre el funcionamiento diario del Banco Central de Venezuela, en materia de emisión de moneda o política monetaria, pero no sus opiniones sobre la experiencia, cualificación o intenciones de la junta de Guaidó respecto a la gestión de las reservas internacionales del país.

El equipo legal de Maduro quiere evitar que una legitimación de la junta de Guaidó les de «carta blanca para hacer lo que quieran», argumentó otro de sus abogados, Jonathan Miller.

«Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer», enfatizó afirmando querer impedir tanto que transfieran los bienes a sus cuentas personales como a un banco en Estados Unidos, país que ha dado a la oposición control total de las reservas internacionales de Venezuela.

«¡Es un argumento falso!», respondió el abogado de Guaidó, Andrew Fulton.

Denunció que el testimonio de Ortega sería «politizado y profundamente problemático», que Caracas pretende alegar «consecuencias potencialmente catastróficas para la economía venezolana» si se reconoce a la junta de Guaidó y que la oposición no tiene ninguna intención de desviar los fondos.

Urgiendo a tener en cuenta las potenciales consecuencias de reconocer a la junta opositora, Lissack consideró que «sería injusto proceder con este caso como si no hubiera un futuro».

Para evitar que estas consideraciones «infecten» la cuestión principal sobre la invalidación por el TSJ venezolano, la jueza decidió, sin embargo dejar el tema para el final de los procedimientos de julio.

 

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