Demanda por US$40 billones de un bono puede «descarrilar» subasta de Citgo
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El abogado de uno de los mayores acreedores, dijo a principios de este mes que la demanda de bonos era artificialmente alta y probablemente pretendía «descarrilar la venta».
Redacción | Primer Informe
Los acreedores extranjeros de Venezuela han tenido desde hace tiempo sus ojos puestos en Citgo Petroleum Corp., la refinería con sede en Estados Unidos que es el mayor activo en el extranjero del país sudamericano. Después de una larga batalla legal, Citgo finalmente parece estar a su alcance con un proceso de subasta ordenado por un tribunal que comenzará el próximo mes.
Pero ahora la venta puede haber topado con un obstáculo de 40 mil millones de dólares.
Ese es el monto de un bono que, según la matriz estadounidense directa de Citgo, PDV Holding Inc., tendrá que ser depositado por su matriz general, la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, antes de que PDVH emita los certificados de acciones de reemplazo requeridos. para que la subasta siga adelante. PDVSA ya ha dicho que no puede pagar ninguna fianza debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
Los acreedores dicen que la demanda tiene como objetivo desacelerar o detener la subasta de Citgo, que podría recaudar unos 14.000 millones de dólares para cubrir laudos arbitrales emitidos contra Venezuela, así como otras reclamaciones derivadas de una ola de nacionalizaciones iniciadas por el fallecido presidente Hugo Chávez en la década de 2000. Miguel Estrada, abogado de uno de los mayores acreedores, dijo a principios de este mes que la demanda de bonos era artificialmente alta y probablemente pretendía «descarrilar la venta».
Los representantes de PDVH no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero la empresa ha dicho en documentos judiciales que la fianza es un requisito legal. Un juez del Tribunal de Cancillería de Delaware autorizado para ordenar la emisión de certificados de acciones celebrará una audiencia sobre el asunto el viernes.
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Control de la oposición
Al igual que el tortuoso litigio en sí, la complicación de los bonos surge de las tensas relaciones entre Estados Unidos y los gobiernos socialistas venezolanos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Debido a la oposición de Estados Unidos a Maduro, PDVH y Citgo ya no están controlados directamente por PDVSA.
En 2019, después de que Maduro declarara la victoria en unas controvertidas elecciones, Estados Unidos y varios otros países optaron por reconocer al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como presidente legítimo. Citgo, PDVH y otros activos extranjeros quedaron bajo el control de una administración en la sombra liderada por Guaidó, mientras que PDVSA permaneció en manos del gobierno de Maduro en Caracas. La administración de Guaidó se disolvió a principios de este año, pero la oposición venezolana continúa controlando PDVH, con miembros de la junta ubicados tanto en Venezuela como en Estados Unidos.
Pero ni PDVH ni PDVSA quieren que Citgo se venda al mejor postor, y ambas han litigado agresivamente contra los acreedores para impedir ese resultado. Azotada por la crisis económica, Venezuela se ha vuelto aún más dependiente de su industria petrolera y de las refinerías de Citgo que convierten su crudo pesado en gasolina y otros combustibles vendibles.
Los certificados de acciones ahora en cuestión serían reemplazos de los originales que PDVH dice que no puede encontrar. “Existe una posibilidad muy real de que el certificado esté en manos del régimen de Maduro en Caracas o de otro modo haya llegado a manos de un tercero”, dijo PDVH en un documento del 25 de agosto.
PDVH dice que la ley corporativa de Delaware requiere una fianza para cubrir cualquier responsabilidad futura por la reemisión de documentos corporativos. En el caso de Citgo, las impugnaciones posteriores a la subasta sobre la validez de los certificados de reemplazo podrían exponer a PDVH a miles de millones de dólares en daños, dijeron sus abogados, lo que requeriría una fianza de entre “32 mil millones y 40 mil millones de dólares”.
Pero la parte con más probabilidades de demandar a PDVH por los certificados reemitidos es también la parte a la que se le exigiría pagar la fianza: PDVSA.
‘Excesivamente alto’
Los abogados de PDVSA han dejado claro que creen que pedirle a la empresa estatal sancionada que pague una fianza de 40.000 millones de dólares es un fracaso. “Incluso si PDVSA fuera capaz de proporcionar una fianza de indemnización”, la solicitud de PDVH “es excesivamente alta”, dijeron en un escrito.
PDVSA depende de las sanciones para evitar la responsabilidad por el pago del bono propuesto, pero un tribunal federal de apelaciones prohibió el miércoles a la petrolera estatal alegar que las sanciones le impiden pagar lo que debe por 348 millones de dólares en deuda impaga.
Larry Hamermesh, profesor jubilado de la Universidad de Pensilvania que se especializa en cuestiones de derecho corporativo de Delaware, dijo que pensaba que la solicitud era demasiado alta y que el juez del Tribunal de la Cancillería probablemente establecería una cifra más apropiada.
La fianza debe ser “suficiente para indemnizar a la corporación contra cualquier reclamo que pueda hacerse en su contra por la supuesta pérdida, robo o destrucción de dicho certificado”, dijo Hamermesh. «A mi modo de ver, claramente no se trata del valor total de la empresa».
Las batallas legales sobre las consecuencias de la decisión de Chávez de arrebatar el control de los activos mineros, petroleros y agrícolas de propiedad extranjera como parte de su llamada revolución socialista bolivariana se remontan al menos a siete años.
Lea más en Bloomberg.
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