Así fue el enfrentamiento entre los abogados de Maduro y Guaidó por el oro venezolano en Londres
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Las defensas de ambas partes esgrimieron sus argumentos ante la jueza del Tribunal Superior de Londres, quien emitirá su dictamen después del verano en Inglaterra.
Redacción | Primer Informe
Tanto los abogados de la junta del Banco Central de Venezuela que sirve a Nicolás Maduro, como los representantes legales de la junta ad hoc nombrada por el gobierno interino de Juan Guaidó, dieron sus alegatos ante el Tribunal Superior de Londres, que delimitará la autoridad sobre la reserva de oro venezolano depositada en el Banco de Inglaterra.
Richard Lissack, abogado de la junta madurista, defendió la independencia del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro y acusó a los miembros de la junta Guaidó, de ser «partidistas y sin experiencia.
El letrado que representa al régimen venezolano recordó que el caso es de «una enorme gravedad» y tendrá «reverberaciones», pues sienta precedente en el derecho británico. Por esto pidió «cautela» en el pronunciamiento final y que no se base en «generalizaciones» y «habladurías» presuntamente esgrimidas por los representantes del interinato de Guaidó.
Dijo que no se trata de «un juicio sobre el gobierno de Maduro» sino sobre qué junta puede dar instrucciones al Banco de Inglaterra. Señaló que la junta de Guaidó no tiene poder real pues «no responde ante nadie».
Darle el acceso al oro a los representantes de la junta ad hoc, les permitirá «hacer lo que quieran» con impunidad.
El abogado del chavismo insistió en que Francisco Carrasquero y Calixto Ortega, sus dos testigos en el proceso, son entidades «independientes» del gobierno de Maduro. Además dijo que tanto a Carrasquero como a Ortega los avala una reconocida carrera en sus campos. Al contrario, refirió que los nombrados por Guaidó son «partidistas» y no tienen experiencia, además de que llevan años fuera de Venezuela.
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La defensa del gobierno interino
Por su parte, el letrado Andrew Fulton, quien representa legalmente a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela manejado por el gobierno interino de Juan Guaidó, rebatió los argumentos de Lissack.
Fulton comenzó explicando que los miembros de la junta opositora son personas «serias y responsables». Detalló que no se trata de unos «renegados» que huirán con el oro si se les da el acceso, refiriéndose al madurismo. Dijo que sus clientes simplemente «fueron designados por Guaidó para velar por los activos hasta que haya nuevas elecciones», en Venezuela.
Sobre el hecho de que sus clientes no estén en Venezuela, el abogado dijo que éstos tienen que reunirse por videoconferencia pues no pueden viajar a Venezuela. Aseguró que en ese país pueden ser detenidos.
Acusó a los testigos presentados por los abogados del régimen madurista, de haberse ceñido a un guión.
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Decisión para después del verano
La juez del Tribunal Superior de Londres, Sara Cockerill, decidirá después del verano cuál de las dos juntas tiene autoridad sobre las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.
Cockerill, de la división comercial del Superior, indicó que, debido a otros compromisos, es improbable que haya un fallo antes de octubre.
La magistrada debe determinar si considera aplicables en Inglaterra las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta «ad hoc» del BCV. Esto a pesar de que el Gobierno del Reino Unido le reconoce a él, y no a Maduro, como presidente interino del país latinoamericano.
Si concluye que son válidas, sería el BCV de Maduro el que tendría autoridad sobre las 31 toneladas del metal precioso, valoradas en 1.600 millones de euros. En cambio, si juzga que no rigen en jurisdicción inglesa, accedería el bando de Guaidó.
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