El mayor temor de las farmacéuticas impide vacunar a los refugiados
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A pesar de los esfuerzos globales por hacer las vacunas contra la COVIV-19 accesibles a la mayor cantidad de personas posibles, millones de personas están siendo intencionalmente pasadas por alto.
Redacción | Primer Informe
Decenas de millones de migrantes, refugiados y desplazados no han tenido acceso a las vacunas contra la COVID-19 de los programas globales de inmunización.
No son los únicos. Apenas alrededor del 7% de las personas en los países de bajos ingresos han recibido una dosis de la vacuna. Y en general, problemas de producción y distribución de las dosis han retrasado la inmunización.
Pero hay otra razón por la cual refugiados y migrantes no son vacunados. Los laboratorios están preocupados por los riesgos legales de los efectos secundarios dañinos.
Así se desprende de declaraciones de funcionarios y documentos internos de Gavi, la organización benéfica que opera el programa, revisada por Reuters.
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Gavi es el acrónimo en inglés de Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización. Es una organización compuesta por empresas privadas y entes públicos internacionales. En el grupo, el liderazgo corresponde a la Fundación Bill y Melinda Gates, del fundador de Microsfot y su exesposa.
Las preocupaciones por las demandas estaría imponiéndose a los temores de algunos funcionaros que manejan la hipótesis de que entre la población no vacunada pueden surgir nuevas variantes.
Vacío legal
Muchos fabricantes de las vacunas anti COVID-19 han exigido que los países los indemnicen por cualquier evento adverso sufrido por las personas como resultado de las vacunas, dice Naciones Unidas.
Pero donde los gobiernos no tienen el control, eso no es posible. Es el caso las poblaciones desplazadas por las crisis de Myanmar, Afganistán y Etiopía. Esos grupos humanos están fuera del alcance de los planes de vacunación de los gobiernos nacionales.
El programa global de distribución de vacunas, COVAX, sí toma en cuenta a los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. También a las personas afectadas por desastres naturales.
Pero ese colchón no tiene ningún mecanismo para ofrecer compensación. Gavi, que opera COVAX con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que quienes solicitan dosis, principalmente las ONG, no pueden asumir riesgos legales, por lo que las entregas de esa reserva solo se pueden realizar si los fabricantes de vacunas aceptan la responsabilidad.
Esfuerzos insuficientes
Las empresas que están dispuestas a hacerlo en estas circunstancias proporcionan solo una minoría de las vacunas del programa. Más de dos tercios de las dosis de COVAX provienen de Pfizer, AstraZeneca y Moderna.
Los tres dijeron que están comprometidos a poner las dosis a disposición de las naciones más pobres a precios relativamente bajos. Pfizer dijo que estaba colaborando directamente con los gobiernos de Jordania y Líbano para donar dosis para los refugiados.
Principalmente debido a las preocupaciones legales, hasta ahora se han enviado menos de 2 millones de dosis. Aproximadamente 167 millones de personas corren el riesgo de ser excluidas de los programas nacionales, según datos de Naciones Unidas citados en los documentos.
A menos que todas las empresas acepten responsabilidad legal. «El acceso a las vacunas para algunas poblaciones seguirá siendo un desafío», dicen los documentos de Gavi. Agregan que las nuevas crisis generarán una demanda adicional para cubrir a las poblaciones desplazadas.
La renuencia de los fabricantes de vacunas a asumir los riesgos legales es «un obstáculo importante» en los intentos de proporcionar vacunas para el amortiguador, dijo a Reuters un portavoz de Gavi.
Con información de Reuters.
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