El Novo Banco reclama una finca en España de uno de los investigados por desfalco a PDVSA
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La entidad portuguesa quiere ejecutar un préstamo usado para comprar el terreno por parte de Roberto Rincón, quien está siendo investigado en un juzgado en España.
Redacción | EL ESPAÑOL
Una finca situada en Villarejo de Salvanés, en su día valorada en 21 millones de euros, está siendo objeto de acciones cruzadas entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 8 de Arganda del Rey (Madrid).
La jueza de Arganda María José Mendoza tramita un procedimiento de ejecución hipotecaria instado por Novo Banco contra la empresa Global Maghas, vinculada a la familia del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández y propietaria de la finca La Losilla.
Global Maghas adquirió en 2014 la finca al grupo del Banco Espirito Santo (BES) por un importe de 21 millones de euros, fijado por los compradores. La operación se financió mediante un préstamo hipotecario concedido por el propio BES dentro de un «plan preconcebido para quedarse con fondos» de la familia Rincón, según ha denunciado ésta.
El préstamo fue otorgado ocultando a Global Maghas que el BES estaba a punto de la quiebra y, de hecho, en la noche del domingo 3 de agosto de 2014 el Banco de Portugal tuvo que rescatar a la centenaria entidad mediante la inyección de 4.900 millones de euros.
Banco Espirito Santo fue dividido en dos: Novo Banco, que recibió la inyección de capital y se quedó con la clientela y los depósitos de la antigua estructura, y el BES, que se convirtió en un banco malo en el que se quedaron los activos tóxicos.
Novo Banco ha instado la ejecución hipotecaria de La Losilla y la jueza de Arganda sigue adelante con el procedimiento pese a que la finca es uno de los bienes sometidos a investigación en la Audiencia Nacional como constitutivo de un presunto blanqueo de capitales.
La jueza central de instrucción María Tardón se ha dirigido, por ello, a la jueza de Arganda para poner en su conocimiento que la Audiencia Nacional investiga la «posible ilicitud de la compraventa» de la finca, que es un bien que estaría, por tanto, sujeto a una posible responsabilidad civil.
En una resolución dictada el pasado 28 de junio, Tardón explica que la sociedad Global Maghas, cuyo titular es José Roberto Rincón Bravo, habría adquirido la finca La Losilla con fondos procedentes de cuentas bancarias de su padre, el magnate Roberto Enrique Rincón Fernández, y la sociedad Tradequip C.A., «todos ellos investigados [en la Audiencia Nacional] como consecuencia de la querella formulada por la sociedad venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por los delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español, derivados de los de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el
extranjero».
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En el procedimiento también está implicada la sociedad vendedora de la finca, Eunea Investment S.L., «una empresa vinculada con el Banco Espirito Santo (BES), investigado en Portugal por corrupción en las transacciones comerciales internacionales y blanqueo de capitales, siendo detenido y procesado por las autoridades de dicho país el ex presidente de la entidad financiera, Ricardo Espirito Santo Silva Salgado».
En el proceso portugués se investiga igualmente el pago de comisiones por parte los máximos responsables del Grupo BES a altos funcionarios de Venezuela, incluidos el expresidente y directivos de PDVSA.
«En atención a la investigación penal que aquí se sigue», explica Tardón, «se acordó, entre otras medidas cautelares, la anotación preventiva de la prohibición de disponer de la finca La Losilla, [medida] que ha sido recientemente prorrogada por
auto de este Juzgado de fecha 3 de junio de 2022».
«Por ello», añade, «sin perjuicio de su valor económico y sujeción, por tanto, a la posible responsabilidad civil, la finca constituiría, propiamente, un efecto del delito».
La instructora de la Audiencia Nacional advierte, así, de que la continuación del procedimiento ejecutivo en el Juzgado de Arganda «tendría como consecuencias la
modificación de la titularidad de la finca a favor de quien pudiera resultar ejecutante, y la consiguiente sustracción del referido inmueble de la obligada sujeción a las resultas del presente procedimiento penal».
Tardón ha acordado, por ello, «oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arganda del Rey para poner en su conocimiento que, en relación con el procedimiento de ejecución hipotecaria, se investiga la posible ilicitud del acto jurídico en que la misma se funda».
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