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ONG relacionada con Baltasar Garzón quería interferir en juicio por saqueo a PDVSA en España

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ONG relacionada con Baltasar Garzón quería interferir en  juicio por saqueo a PDVSA en España

El tribunal que instruye la investigación por blanqueo de capitales contra ex funcionarios chavistas considera que la participación de la organización, que tiene nexos con el cuestionado exjuez español, entorpecería la administración de Justicia. 

Redacción | Primer Informe

En España acaban de frustrar el sospechoso intento de una poco conocida ONG para sumarse como «acusación popular» a la causa abierta en ese país por el presunto saqueo a PDVSA.

La magistrada a cargo del caso, María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, rechazó un recurso presentado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional.

Tardón decidió solicitar 50.000 euros de fianza a la organización para personarse en el procedimiento a esa asociación. El Centro Guernica tiene su sede en EEUU y lo preside la abogada Almudena Bernabéu, una experta en Derecho Penal Internacional.

Pero esa ONG tiene años colaborando con iniciativas y conferencias organizadas por la fundación del cuestionado exjuez Baltasar Garzón. Precisamente, el despacho de abogados de Garzón representa a PDVSA como acusación en la investigación que instruye la juez Tardón.

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La repentina aparición de la ONG

El portal The Objective tuvo acceso a la decisión de la juez que reprocha al Centro Guernica su intención de incorporarse como acusación popular. Sobre todo porque lo hace «casi cinco años después de que se iniciara la instrucción del procedimiento».

También, Tardón explica que la presencia de la ONG podría afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de los investigados.

«Del propio escrito de personación y el de interposición del recurso se desprende que nos encontramos ante una asociación que se ha constituido en septiembre de 2020, que cuenta con tres únicos socios, una de las cuales, su presidenta, ni siquiera reside en España sino en Estados Unidos», se lee en la decisión de la juez.

La ONG aduce que su interés en ser parte del caso PDVSA como parte de su estrategia de «lucha contra la corrupción desde una óptica de los derechos humanos». Algo que, según afirma, es parte de un línea de trabajo que inició recientemente el Centro Guernica específicamente sobre Venezuela.

Pero quieren sumarse como acusación popular a la causa sobre PDVSA, sin ninguna condición. O solamente está dispuesta a pagar una fianza de 1.000 euros.

En España, la figura jurídica de la «acusación popular» permite la participación pública en la administración de justicia. Es uno de los modos de personarse en un proceso judicial como acusación.

Se basa en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que la acción penal es pública y que cualquier ciudadano español puede ejercitarla aunque no estén directamente afectados por el delito.

Se mantiene la fianza de €50.000

Descartando el pedido de la ONG la juez Tardón mantuvo la fianza en los 50.000 euros y también desarma el argumento de los Derechos Humanos.

«En el procedimiento que aquí se sigue no se investiga en ningún caso ninguna de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción que los aquí investigados hubieran podido cometer en Venezuela, su país de origen (…) sino el posible delito de blanqueo», recuerda la magistrada.

La juez Tardón también piensa que incorporar al Centro Guernica en el proceso es contrario «al interés de simplificar y agilizar la tramitación y conclusión del procedimiento».

Una ONG conectada 

Y recuerda que el sumario de esta compleja investigación consta de 38 tomos, más de 15.500 folios y 2.500 acontecimientos. En un informe previo al auto de la juez, la Fiscalía también se había posicionado a favor de mantener la cuantía de 50.000 euros en concepto de fianza a la ONG .

El Centro Guernica para la Justicia Internacional es una asociación civil sin ánimo de lucro cuya filial en España se creó hace menos de un año. Sin embargo, ya recibió una subvención del Ministerio de Exteriores.

En EEUU, la ONG tiene su sede central en Estados Unidos y cuenta actualmente con oficinas en California, Londres, La Haya y Madrid.

Con información de The Objective.

 

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