Análisis

ANÁLISIS: La relación casi ilegal de Baltasar Garzón y la Fiscal General de España

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ANÁLISIS: La relación casi ilegal de Baltasar Garzón y la Fiscal General de España

La relación sentimental que mantienen la Fiscal General del Estado y el exjuez y actual administrador del despacho de abogados Ilocad, trasciende el ámbito personal, y se sitúa al filo de la Ley.

Alberto Ortín | Vozpópuli

No hay una relación de pareja en España, salvando quizá las del Rey Juan Carlos, más controvertida que la de Dolores Delgado Baltasar Garzón.

La relación sentimental que mantienen la Fiscal General del Estado y el exjuez y actual administrador del despacho de abogados Ilocad, trasciende el ámbito personal, y se sitúa al filo de la Ley.

«No creo que para la Administración estadounidense sea sencillo asumir que la pareja de Baltasar Garzón, abogado de personas consideradas enemigas de Estados Unidos, como Alex Saab o Julian Assange, sea la jefa de los Fiscales españoles», comentan fuentes empresariales bien relacionadas con la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

«Para muchos de los implicados en el caso Villarejo, la relación de pareja entre Garzón y Delgado es un escándalo, desvirtúa el proceso», aseguran fuentes jurídicas que trabajan en el mismo.

PP VOX han tratado de recusar, sin éxito, el nombramiento de la exMinistra de Justicia como Fiscal General del Estado, cuestionando solo su idoneidad e imparcialidad para el cargo. Pero ahora, según se van revelando detalles de la salida del fiscal Ignacio Stampa del caso Villarejo, es la relación de pareja entre Garzón y Delgado la que se cuestiona jurídicamente.

El artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula los casos en los que los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos.

Entre otros, en las Fiscalías «que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

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¿Se interpone el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en la relación entre Delgado y Garzón?

Desde la Fiscalía General del Estado no se ha querido comentar el asunto, pero se ha indicado que el artículo 58 del Estatuto está previsto para Fiscalías provinciales, y no para la Fiscalía General del Estado. Para juristas consultados por este diario, lo que se impone a un ‘Fiscal de provincias’ debería afectar igualmente a la Fiscal General del Estado.

Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, considera que dicho artículo no afecta a la relación entre Delgado y Garzón.

«El artículo 58 del EOMF establece una serie de limitaciones para el ejercicio del cargo de fiscal en fiscalías de carácter territorial. No es, por tanto, aplicable al caso que nos ocupa dado que el cargo de Fiscal General del Estado se extiende por todo el territorio nacional», explica.

«Además de ello, el artículo hace mención a actividades ‘mercantiles o industriales’, de naturaleza distinta a la abogacía«, apunta. «Para el caso de la abogacía, ese mismo artículo, en su número 4, permite, sin problema, la compatibilidad con las jefaturas territoriales para localidades de más de 500.000 habitantes. Lo que permitiría sin problema el ejercicio profesional de cada uno de ellos», añade.

«En todo caso», indica, «me llama la atención el cuestionamiento del desempeño profesional de las mujeres por razón de sus parejas cuando, como es este caso, resulta absolutamente infundado no sólo porque no hay incompatibilidad legalmente prevista, sino por la propia naturaleza del cargo de FGE alejado del desempeño ordinario de la llevanza y del estudio de los casos en cada una de las fiscalías».

Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, elegido el pasado mes de septiembre presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la tercera mayor asociación de fiscales en España, considera que la relación entre Garzón y Delgado no atenta contra el Estatuto del Ministerio Fiscal. Pero cree que algunos casos debería suponer la obligación de abstención por parte de la Fiscal General del Estado.

«No, no creemos que ese precepto determine un quebrantamiento de los deberes estatutarios por la FGE», dice. «Pero», señala, «sí debería suponer la obligación de abstención en el conjunto de asuntos en que interviniera su pareja como abogado«.

Ese supuesto se trata de «algo difícil de articular, porque el FGE tiene una dirección ‘lejana’ del conjunto de asuntos en que interviene la Fiscalía, de suerte que lo normal es que el FGE no deba intervenir nunca«, explica. «Pero si la FGE interviene directamente en un asunto que lleva como defensa su pareja, a nuestro modo de ver actuaría incorrectamente«, añade.

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Villarejo y el Fiscal Stampa

La salida del Fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción, es uno de esos casos que podría apuntar una actuación indebida de la Fiscal General del Estado por su relación con Baltasar Garzón.

Ignacio Stampa lideró la investigación del caso Villarejo desde el inicio junto con el fiscal Miguel Serrano, hasta que el 27 de octubre de 2020 el Consejo Fiscal, en una reunión en la que se decidieron las vacantes de varias plazas, entre ellas la de Stampa, que se encontraba en situación interina, le negó la suya en la Fiscalía Anticorrupción, apartándole así del caso Villarejo.

El Consejo Fiscal está presidido por Dolores Delgado e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a las dos mayores asociaciones de fiscales españolas, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales.

La publicación de varias informaciones que apuntaban a una presunta relación entre Stampa y una abogada de Podemos involucrada en la causa, que fue judicializada tras denuncia presentada en julio de 2020 por VOX, fueron empleadas como argumentos desde el Consejo Fiscal para sostener la decisión de no renovar a Ignacio Stampa.

A pesar de que las investigaciones judiciales sobre esa supuesta relación estaban encaminadas a ser archivadas, como así ocurrió después, y de que incluso la misma abogada de Podemos admitió haber sido «una bocazas»como ha publicado Vozpópuli, la Asociación de Fiscales, a la que pertenecía Stampa, le negó su voto para renovar en el puesto.

Dolores Delgado presidió aquel Consejo Fiscal de 27 de octubre de 2020 en el que Ignacio Stampa fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, el fiscal Ignacio Stampa ha presentado una reclamación patrimonial por menoscabo de su carrera y su imagen. Responsabiliza de ello a Dolores Delgado, dado que, sostiene, participó en el proceso de adjudicación de plazas decidido en aquel Consejo Fiscal de octubre de 2020 cuando debía haberse abstenidocomo ha publicado el diario ABC.

Stampa dice que la Fiscal General del Estado tenía un «interés personal y directo» en la causa. Asegura que se involucró en el proceso de adjudicación de plazas cuando tenía que haberse abstenido, ya que tenía un «interés personal y directo» en la causa, en la que constaban «indicios» de «la participación de su pareja sentimental», Baltasar Garzón.

El caso Villarejo ha revelado la relación de compadreo que han mantenido a lo largo de los años Baltasar Garzón y José Manuel Villarejo. Y también varios encuentros entre Villarejo y Dolores Delgado, que el excomisario habría anotado en sus agendas.

El diario Público ha informado que Ilocad, el despacho de Garzón, representa en el caso Villarejo a varios investigados. Al comisario exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, «íntimo amigo del exjuez»; al exjefe del puesto fronterizo y exaltocargo de la Comisaría General de Extranjería, Carlos Salamanca; y también del exmando de ambos, el exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.

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