Víctimas de las FARC buscan indemnización millonaria de una cuenta de PDVSA en EEUU
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Una corte de Florida otorgó al hijo de un hombre torturado y asesinado por la ex guerrilla colombiana derecho a reclamar una indemnización de USD 190 millones a organizaciones vinculadas a ella como la companía administrada por el régimen de Nicolás Maduro.
Héctor Silva Ávalos | Infobae
El hijo de un embajador colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999 logró que la Justicia estadounidense le dé acceso a US$190 millones de dólares que organizaciones asociadas a la guerrilla colombiana hayan guardado en Estados Unidos como resarcimiento por daños. Cerca de US$42 millones de ese total intenta cobrarlos de una cuenta financiera que Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA, tiene en Connecticut. Un juez de ese estado ya habilitó el trámite, pero abogados salvadoreños y del gobierno de Venezuela intentan evitarlo.
El caso de Antonio Caballero, el hijo del hombre asesinado por las FARC, abrió un camino a una acción judicial que considera a Alba Petróleos de El Salvador (APES) y a su casa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como “agencias o instrumentos de las FARC”, de acuerdo con documentos oficiales de la justicia estadounidense a los que Infobae ha tenido acceso.
El 16 de octubre de 2020, Caballero formalizó una acción legal en una corte distrital de Connecticut, un pequeño estado en el noreste de Estados Unidos, para recuperar el dinero. Basado en un juicio de 2014 que ganó en Florida y le otorgó acceso a los fondos y activos de las FARC y de los “instrumentos o agencias” de la organización terrorista, el demandante “actuó para asegurar una cuenta financiera administrada en favor de Alba Petróleos de El Salvador SEM de CV por Interactive Brokers, LLC de Greenwich, Connecticut”.
Legislación federal estadounidense conocida como Ley de Aseguramiento por Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA por sus siglas en inglés) permite a víctimas de organizaciones terroristas internacionales que han obtenido fallos favorables en cortes estadounidenses resarcirse con activos de esas organizaciones y sus asociados. Tras realizar una búsqueda en instancias financieras estadounidenses durante una década y media, los abogados de Caballero encontraron la cuenta financiera de Alba Petróleos en Connecticut en la que hay US$ 41,734,153.93, según documentos judiciales en poder de Infobae.
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En 2020, cuando Caballero emprendió su acción judicial en Connecticut, las FARC aún eran consideradas una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un año antes, en enero de 2019, el Departamento del Tesoro estableció sanciones contra PDVSA. Tres meses después, en marzo de ese año, las sanciones se extendieron a las filiales centroamericanas de la estatal venezolana, como Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua.
El fallo a favor de Caballero fue uno de los que abrió las puertas para que el nexo entre las FARC y las operadoras del petróleo venezolano quedará establecido en registros judiciales estadounidenses y a una decena de demandas de resarcimiento similares a partir de 2019. Caballero es el único que, hasta ahora, ha encontrado activos de Alba Petróleos en Estados Unidos.
Alba Petróleos es uno de los conglomerados empresariales y financieros a través de los que la petrolera estatal venezolana y sus socios en Centroamérica movieron al menos US$1 mil millones, según auditorías financieras hechas por fiscales en El Salvador y Estados Unidos, donde Alba ha sido investigada por lavado de dinero.
En El Salvador, Alba Petróleos ha sido, además de un poderoso conglomerado financiero, un centro de poder político con lo que han estado relacionado los últimos tres gobiernos del país, incluido el actual del presidente Nayib Bukele, cuya carrera política fue financiada en parte con el dinero de PDVSA. El actual fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, fue empleado de Alba Petróleos en 2019, antes de que los diputados controlados por Bukele en el congreso lo nombraran jefe de la Fiscalía General de la República.
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