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El fiscal que lidera el caso del “golpe”, solicita una sentencia de 20 años de prisión para el gobernador opositor de Santa Cruz, la expresidenta Áñez y otros seis hombres acusados de conspirar para “deponer” a Morales.
Redacción | Primer Informe
La Fiscalía de Bolivia presentó este martes cargos contra el gobernador derechista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Áñez por su presunta participación en un “golpe de estado” contra el expresidente socialista Evo Morales en 2019.
Omar Mejillones, el fiscal que lidera el caso del “golpe”, solicita una sentencia de 20 años de prisión para Camacho, Áñez y otros seis hombres acusados de conspirar para “deponer” a Morales.
En realidad, Morales no fue objeto de un golpe de Estado, sino que optó por dimitir voluntariamente a finales de 2019 después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) encontrara pruebas de fraude en su inconstitucional cuarta victoria electoral. Morales huyó del país a México junto con casi todo su gabinete, dejando a Áñez, entonces senadora, la primera persona en la línea de sucesión en el país. Se convirtió en presidenta interina durante un año antes de cumplir con su deber constitucional de organizar elecciones lo antes posible. Bolivia está actualmente gobernada por el Partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
Camacho, de 45 años, está siendo acusado junto al exministro de Defensa Luis Fernando López, el exjefe militar Williams Kaliman y el exjefe policial Yuri Calderón de ser los “autores” del presunto complot.
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Áñez está acusada de ser “cómplice” del activista Marco Antonio Pumari, del exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández y del jefe militar Carlos Orellana.
“Se ha podido identificar que su conducta [de Camacho] se ajusta a la comisión de los delitos de financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa”, dijo Mejillones en conferencia de prensa.
El fiscal afirmó que en la acusación hay “133 pruebas documentales” y “131 pruebas testimoniales”, entre ellas los extractos bancarios de Camacho con los que, dijo Mejillones, pudo “acreditar” el presunto papel de Camacho en el traslado de personas a la ciudad capital de La Paz para protestar contra Morales en 2019.
El fiscal Mejillones explicó que la solicitud sería trasladada a un juez penal quien tomaría las medidas necesarias para abrir el proceso contra los ocho imputados.
El abogado de Camacho, Martín Camacho, dijo el miércoles al medio argentino Infobae que el equipo legal del gobernador aún no ha sido notificado formalmente de la acusación y que esperarían la notificación oficial. Martín Camacho añadió que, según dijo el martes a los medios locales, cree que el gobierno simplemente busca “perpetuar la detención” del gobernador.
El gobierno de izquierda de Bolivia afirma que Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, fue víctima de un “golpe” en 2019. Camacho, un gobernador conservador y crítico de larga data del gobierno socialista de Bolivia, fue arrestado en diciembre de 2022 y acusado de “terrorismo” por supuestamente haber “dado un golpe de estado” al protestar contra Morales.
