Denuncian que la «Operación Autana» de Maduro en Yapacana busca asesinar indígenas
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«Durante 20 años militares permitieron que esas minas crecieran exponencialmente y nunca hicieron nada por detener o desmantelarlas. Lo mismo está ocurriendo en muchos otros lugares en el sur de Venezuela», dijo el grupo de activistas ecologistas SOS Orinoco.
Redacción | Primer Informe
El Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas de Venezuela ha sido escenario reciente de enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional bajo el poder del régimen de Maduro y presuntos mineros ilegales. La zona viene siendo el centro de una mega operación de minería ilegal desde hace 20 años y que ha sido denunciada por diversas asociaciones de ecologistas y activistas.
Los enfrentamientos han dejado, según testigos, 10 víctimas mortales y 17 heridos. Ante esto, el dirigente del partido Voluntad Popular, Romel Guzamana, quien es representante de los pueblos indígenas en el Parlamento elegido en 2015, lanzó una alerta acerca de cuál es el trasfondo que tiene el accionar militar del régimen madurista en esa zona.
«Están disparando con balas de verdad a los indígenas. La única excusa del régimen es que ejecuta un desalojo por la contaminación, pero no se da cuenta lo grave del asunto: en lugar de proteger a los indígenas están favoreciendo a las mafias que controlan la zona», resaltó.
Guzamana dijo que los puntos de control creados por la dictadura madurista, ahora están en las manos de grupos irregulares. «La Operación Autana fue la que aplicaron en Bolívar y ahora lo hacen acá en Amazonas. También le están dando territorio indígena al fondo chino City Group. Eso ha causado que la misma gente forme los comités y las FARC los manipule», advirtió.
El diputado advirtió que la zona tiene fuerte presencia de la guerrilla colombiana, que usan de mulas a los indígenas venezolanos. «Una vez tomado el territorio por la guerrilla, las fuerzas armadas venezolanas pasan a custodiar a los narcos y a la guerrilla. El cerro lo están acabando y es lamentable no poder ayudar», dijo.
Explicó que el centro de la situación en ese lugar es debido a que «los narcos colombianos invierten en todo el material del cerro Yapacana y la mina Cacique. De ahí extraen oro, diamante, coltán, torio, estaño y toda piedra preciosa».
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Críticas de SOS Orinoco
Una de las ONGs que más ha llamado la atención sobre lo que ocurre en el Parque Nacional Yapacana con la minería ilegal permitida desde hace 20 años por el chavismo, ha sido SOS Orinoco. Ante los recientes eventos en dicho lugar, el grupo dirigido por Cristina Burelli emitió un comunicado en sus redes sociales con un panorama claro de las razones de la situación y lo que puede deparar el futuro para el área protegida.
Según SOS Orinoco, «Durante 20 años militares permitieron que esas minas crecieran exponencialmente y nunca hicieron nada por detener o desmantelarlas. Lo mismo está ocurriendo en muchos otros lugares en el sur de Venezuela».
Aunque dicen apoyar el desalojo que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de los invasores de Yapacana que invaden el lugar desde hace 25 años, «creemos que los militares no están preparados para una operación tan compleja, especialmente tratándose de una región invadida impunemente por la guerrilla colombiana».
Explican que «la guerrilla se entremezcla con los mineros y la población asociada a la minería, y muchas veces es imposible separarlos o distinguirlos. La guerrilla no siempre anda armada y con uniforme».
SOS Orinoco deja claro que esta presencia de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano «es un fenómeno que se empezó a dar desde la llegada de Hugo Chávez al poder. LA guerrilla, a cada aldea que visitaba mostraba una carta de aval que les había dado Chávez, donde éste les encomendaba la defensa de la revolución bolivariana en territorio venezolano. La culpa de esta presencia la tiene los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro, con la complicidad de los militares».
Al finalizar el comunicado, que puede ser leído completo aquí, a SOS Orinoco le quedan varias dudas sobre la acción oficial tomada por el régimen madurista en Yapacana. Aquí las reproducimos:
a) El silencio de las autoridades colombianas con respecto al desalojo y la eventual repatriación de ciudadanos colombianos.
b) Colombia no ha hecho ningún comentario de apoyo o solidaridad con el esfuerzo del gobierno venezolano
c) La guerrilla colombiana no ha reaccionado con violencia ante la Operación Autana durante 10 meses.
d) La economía de Puerto Inírida (Colombia) no ha mostrado ningún tipo de bajón como consecuencia de las operaciones en Yapacana
e) Se ha ignorado la denuncia contra el Gral. de Div. Maita Gonzalez @ZodiAmazonas , hecha por una líder indígena, y no se le ha abierto una averiguación militar a dicho oficial.
f) Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de sanción contra los funcionarios públicos y militares que permitieron que se arraigara este bastión minero ilegal dentro de un parque nacional.
g) Las autoridades civiles de Venezuela, de @InparquesVzla no han hecho ningún comentario sobre esta situación.
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Versión oficial
Después de las acciones presuntamente ocurridas el 13 de septiembre, en medio de la Operación Autana que buscaba evacuar la mina Cacique, la versión ofrecida por el ejército madurista señala sólo 2 fallecidos y 6 heridos. Dicen que fueron atacados por un grupo de mineros.
Según el ministro de defensa chavista Vladimir Padrino López, «Al momento del abordaje, cuando se conminaba a todas las personas allí presentes a abandonar pacíficamente el sector; un grupo de mineros atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego. Esta irresponsable acción generó dos personas fallecidas y tres heridas, así como tres efectivos militares también heridos».
El comunicado de Padrino López apareció el día 14, 24 horas después de que varias ONGs habían denunciado los ataques contra la población civil que estaba en la mina.
El 15 de septiembre, el jefe del Comando Estratégido Operacional de la FAN, general en Jefe Domingo Hernández Lárez, dijo que simplemente en la zona «el Estado está ejerciendo soberanía sobre terrenos considerados como zonas de seguridad y protegidos, donde por ley de obligatorio cumplimiento está prohibida la presencia y actividades humanas de toda naturaleza como la minería ilegal, la explotación de hidrocarburos y la destrucción de la naturaleza».
El funcionario militar expresó que el país «no será bodega ni pulpería internacional manejada desde Colombia por mafias y grupos delincuenciales gestores de la crisis de destrucción del Parque Nacional Yapacana».
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