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Crímenes de lesa humanidad se le imputan a Castro y Díaz-Canel

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Crímenes de lesa humanidad se le imputan a Castro y Díaz-Canel

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, expresidente y presidente actual de Cuba, respectivamente, “someten a esclavitud, persecución y otros actos inhumanos, a miles de profesionales enviados a las misiones internacionalistas”.

(Primer Informe)

Así lo informaron la Asociación Prisoners Defenders International Network; su presidente y fundador, Javier Larrondo Calafat y el abogado penalista Sebastián Rivero Silva, durante una rueda de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

Por lo que Castro y Díaz-Canel, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, fueron acusados los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y su coordinador general, el exprisionero de conciencia cubano, José Daniel Ferrer García, también forma parte de los demandantes.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera que las misiones médicas cubanas son una herramienta esencial y recurso diplomático para esconder la “verdadera intervención” y usó como ejemplo el caso de Venezuela.

“Las misiones han sido la máscara para la mayor fuente de ingreso para el régimen a costa del trabajo de sus profesionales. Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune (…) constituye otra sistemática violación de los derechos humanos”, sentenció.

El documento contentivo de la demanda que consta de 350 páginas, fue recibido por la Corte Penal Internacional, en el cual se detallan los crímenes tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma.

Sin embargo, la Corte no ha indicado si abrirá el caso o no, puesto que Cuba no forma parte de la CPI, pero los demandantes consideran que el tribunal internacional tiene jurisdicción, “pues los crímenes que se denuncian son cometidos por los responsables del Gobierno y la administración de Cuba en territorio de numerosos países que son parte de la Corte”.

El Estado de Cuba está acusado de someter a los médicos y otros profesionales, a control y medidas represivas que constituyen condiciones de “esclavitud”, al ejercer “atributos del derecho de propiedad” sobre ellos, ya que si los profesionales intentan liberarse, son objeto de “terribles acciones”.

Existen 64 testimonios públicos de médicos que han escapado de misiones y otros 46 de profesionales cuyas identidades deben ser protegidas “porque están aterrorizados con las consecuencias de que su nombre se haga público y repriman a sus familiares en la Isla”.

Los demandantes enviaron a la CPI, pruebas documentadas y testimonios irrefutables de 110 casos en 10 países, que demuestran que los integrantes de las misiones internacionales no se presentan de manera voluntaria sino que son “fuertemente coaccionados”.

Los profesionales son alejados de sus familias por tres años sin visitas; si abandonan la misión y regresan a Cuba o no regresan, son perseguidos para ser encarcelados.

En la mayoría de los casos, no se les ofrece un contrato; se les despoja del pasaporte al llegar a su destino; no pueden viajar con sus títulos universitarios e historial de experiencia legalizados; reciben solo entre 10% y máximo 25% en salario, de lo que los países pagan por ellos.

Muchas veces son obligados a vivir hacinados; no pueden relacionarse con nativos ni extranjeros; los jefes de misión (personal de seguridad) deben vigilar a los trabajadores y estos son obligados a vigilarse entre sí; son obligados a cambiar las estadísticas de los resultados de su trabajo; se les encomiendan tratar con preferencia a los pacientes que son del partido en el poder (caso de Venezuela).

Además, en el documento están incluidos testimonios, grabaciones, reportes de prensa, sentencias judiciales y otras pruebas, así como las iniciativas parlamentarias puestas en marcha en España y Estados Unidos a favor de los médicos cubanos.

 

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