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La Corte Suprema de EEUU se prepara para otro debate sensible sobre anticonceptivos y derechos LGBTQ

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La Corte Suprema de EEUU se prepara para otro debate sensible sobre anticonceptivos y derechos LGBTQ

Los tres jueces liberales que no apoyaron la derogación del derecho al aborto, mostraron su preocupación por la posibilidad de que también sea cancelado el acceso a los anticonceptivos y los derechos de la comunidad LGBTQ.

Redacción | Primer Informe

El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Clarence Thomas, pidió el viernes la anulación de los derechos constitucionales que el tribunal había afirmado para el acceso a los anticonceptivos y los derechos de los LGBTQ. La opinión del magistrado fue concurrente con la decisión de la mayoría de anular el caso Roe v. Wade.

En su opinión separada, Thomas reconoció que la decisión del viernes en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization no afecta directamente a ningún otro derecho aparte del aborto. Pero argumentó que la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución no garantiza el derecho al aborto ni ningún otro derecho sustantivo, e instó al tribunal a aplicar ese razonamiento a otros casos emblemáticos.

Thomas escribió: «En futuros casos, deberíamos reconsiderar todos los precedentes de este Tribunal sobre el debido proceso sustantivo, incluyendo Griswold, Lawrence y Obergefell».

Desde que se filtró el borrador de la opinión mayoritaria del juez Samuel Alito sobre la anulación de Roe a principios de este año, los demócratas y los activistas liberales han advertido que la mayoría conservadora no tardaría en centrar su atención en otros derechos que el tribunal ha afirmado.

Los tres casos mencionados por Thomas son decisiones históricas que establecen ciertos derechos constitucionales.

En Griswold contra Connecticut, el tribunal dictaminó en 1965 que las parejas casadas tienen derecho a acceder a los anticonceptivos. En 2003, el tribunal dijo en Lawrence contra Texas que los estados no podían prohibir las relaciones sexuales consentidas entre homosexuales. Y la decisión del tribunal en 2015 en el caso Obergefell v. Hodges estableció el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.

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Un escenario complicado

Los comentarios de Thomas esbozan el peor escenario para los críticos liberales. Sin embargo no está claro si los otros jueces conservadores están dispuestos a ir tan lejos como el miembro más antiguo del tribunal.

Alito subrayó en la opinión mayoritaria que su razonamiento sólo se aplica al aborto y rechazó cualquier afirmación de que el razonamiento de Dobbs pudiera extenderse a Griswold, Lawrence u Obergefell.

«Nada en esta opinión debe entenderse como que pone en duda los precedentes que no se refieren al aborto», escribió Alito.

Los tres miembros del ala liberal del tribunal -los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor- rechazaron esa seguridad en su disenso. Dijeron que la voluntad de la mayoría de anular la histórica decisión de hace décadas deja vulnerables otros precedentes.

«Y nadie debería confiar en que esta mayoría haya terminado su trabajo», escribieron las tres liberales. «El derecho que Roe y Casey reconocieron no está solo. Por el contrario, el Tribunal lo ha vinculado durante décadas a otras libertades establecidas que implican la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación. Lo más evidente es que el derecho a interrumpir un embarazo surgió directamente del derecho a adquirir y utilizar métodos anticonceptivos. A su vez, esos derechos condujeron, más recientemente, a los derechos de intimidad y matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos ellos forman parte del mismo tejido constitucional, que protege la autonomía de decisión sobre las decisiones vitales más personales», dijeron los jueces de la Corte Suprema.

«La mayoría podría escribir una opinión igual de larga en la que demostrara, por ejemplo, que hasta mediados del siglo XX, ‘no había apoyo en la legislación estadounidense para un derecho constitucional a obtener [anticonceptivos]'», añadieron los magistrados. «Así que una de dos cosas debe ser cierta. O bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O bien, si lo hace, todos los derechos que no tienen una historia que se remonta a mediados del siglo XIX son inseguros. O bien la masa de la opinión de la mayoría es hipocresía, o bien otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra».

Con información de The Hill.

 

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