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Así avanza la depredación ecológica madurista en el Arco Minero

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Así avanza la depredación ecológica madurista en el Arco Minero

Con el uso de técnicas de minería poco sofisticadas y sin ningún control, grupos criminales lideran la explotación del oro cometiendo abusos contra la población indígena y los trabajadores de las minas. 

Redacción | Primer Informe

La actividad minera promovida por el régimen de Nicolás Maduro está dejando efectos visibles y duraderos en algunos de los ecosistemas más importantes de Venezuela. El impacto está alcanzando el Parque Nacional Canaima, declarado como Patrimonio de la Humanidad.

“Las minas están justo al borde del parque, dentro de la zona de amortiguamiento que exige la Unesco para los sitios del Patrimonio Mundial”, dice Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco. Esa organización busca proteger la Amazonía venezolana. “En muchos casos, incluso están dentro del parque”, agrega.

Burelli dice que en 20 años de administración chavista presenció “el desmantelamiento sistemático de la institucionalidad ambiental de Venezuela”.

Internacionalmente, los problemas ecológicos del país no han sido tan documentados como la crisis humanitaria. Los activistas dicen que deberían ser igual de preocupantes para la comunidad internacional.

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Por qué el chavismo aceleró la explotación minera

La voracidad chavista por extraer los recursos minerales de la Amazonia venezolana tiene mucho que ver con la destrucción de PDVSA. La industria petrolera, que era la principal fuente de ingresos, funciona a una fracción de lo que era su capacidad. En consecuencia, la dictadura madurista tiene años urgida de financiamiento.

Por esa razón, declara el llamado Arco Minero del Orinoco en 2016. Allí extraen  principalmente de oro, pero también diamantes, coltán, bauxita, mineral de hierro y cobre.

La decadencia de PDVSA tiene también un efecto ambiental. La infraestructura petrolera del país está cada vez más deteriorada. Entonces, los derrames y las manchas son comunes, afectando principalmente la costa norte del país. 

Francisco Dallmeier, venezolano y director del Centro para la Conservación y Sostenibilidad del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación en Washington, calificó lo que está sucediendo en el sur de Venezuela como “ecocidio”.

“Tenemos uno de los lugares más ricos del mundo, algunos recursos naturales fantásticos, tenemos todo un sistema de áreas protegidas que se creó para proteger esos recursos, y ahora tenemos el comienzo de una ola de destrucción, y no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar«.

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Usando imágenes satelitales y fotografías aéreas, SOS Orinoco ha mapeado 27 áreas mineras en el borde del parque Canaima. Muchas en el río Caroní y otras 32 en su interior. Uno está a solo 24 km del Salto Ángel.

Igual de preocupante para los grupos ambientalistas es la amenaza de que el mercurio utilizado en la extracción de oro se filtre en el agua. SOS Orinoco estima que hasta el 70% del curso del Caroní, el segundo río más grande de Venezuela, podría estar contaminado con ese metal pesado.

Acelerada depredación

La deforestación no comenzó en la era de Chávez y Maduro, pero sí se aceleró. En los últimos 20 años se han destruido unos 3.800 km2 de cubierta arbórea en la Amazonía venezolana. El 1% del total.

Además, el ritmo se está acelerando. Aproximadamente la mitad de esa área se ha perdido en los últimos cinco años.

Según la Red de Información Socioambiental Georreferenciada de la Amazonía (RAISG), un consorcio de la sociedad civil que utiliza imágenes satelitales para monitorear la Amazonía, el 82,9 % de la parte venezolana está intacta en comparación con el 74,5 % de la Amazonía en su conjunto.

La organización advierte que la cantidad de tierra utilizada para la minería al sur del Orinoco se ha triplicado en las últimas dos décadas. Entre 2015 y 2020, aumentó un 20%.

También, una gran parte de esa actividad minera está en manos de bandas criminales venezolanas y narcoguerrillas colombianas. A menudo los grupos luchan violentamente por el control de los yacimientos auríferos.

Esos grupos, adicionalmente al duradero daño ambiental, cometen abusos contra la población aborigen y contra los propios trabajadores de las minas.

Con información de The Financial Times.

 

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