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Maduro arrienda a firmas privadas las empresas de alimentos nacionalizadas por Chávez

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Maduro arrienda a firmas privadas las empresas de alimentos nacionalizadas por Chávez

Los funcionarios estatales describen los acuerdos de las empresas de alimentos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».

Redacción | Primer Informe

El gobierno de Venezuela está permitiendo que firmas privadas dirijan al menos 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas hace una década. Fuentes dijeron a Reuters que se trata de un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que sufrieron bajo la gestión socialista.

El régimen de Nicolás Maduro ha mantenido la propiedad de empresas en dificultades que producen alimentos que van desde harina de maíz y productos lácteos hasta atún y semillas enlatados. Sin embargo aprobó que las operaciones fueran llevadas a cabo por terceros a cambio de un pago, según fuentes de la mencionada agencia de noticias.

La movida demuestra cómo Maduro retrocede en elementos clave del modelo económico liderado por su predecesor Hugo Chávez. La estrategia es parte de la liberalización económica que comenzó en 2019 en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y al colapso económico.

Pero parece poco probable que el cambio genere drásticamente la ansiada productividad agrícola en el país. En especial después de una década de subinversión y una economía destruida por años de hiperinflación.

Cambio de modelo

«Con la crisis económica, se está cambiando el modelo de gestión para aumentar los ingresos o reducir el gasto estatal», dijo el economista Richard Obuchi, director de la consultora local ODH, a Reuters.

Los operadores privados deben asumir los costos de nómina y financiar inversiones, y destinar parte de su producción a programas estatales de distribución de alimentos, dijeron las fuentes.

Una de las empresas ahora bajo administración privada es Industria Venezolana Maicera Pronutricos. Se trata de una fábrica de harina de maíz que fue nacionalizada hace 11 años.

Este año, sus operaciones fueron arrendadas por cinco años a una firma llamada Alimentos El Maizal. La operación fue cerrada por un equivalente alrededor de $ 16,000 por mes, según una copia del acuerdo vista por Reuters.

Estos arreglos están cubiertos por una «ley anti-bloqueo» destinada a renovar la economía en respuesta a las sanciones. La ley fue aprobada en 2020 por una legislatura progubernamental paralela llamada Asamblea Nacional Constituyente, que se disolvió en diciembre.

Los funcionarios estatales describen los acuerdos como alquileres de instalaciones industriales o, a veces, como «alianzas estratégicas».

“Se crean alianzas estratégicas para que (empresas privadas) sean las que administren las (empresas estatales)”, dijo Rafael Calles, gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, en una entrevista. «Ninguna de estas alianzas implica venta de acciones. La empresa sigue en manos del Estado».

Dijo que Portuguesa recibe alrededor de $ 60.000 por mes de empresas que operan empresas nacionalizadas. Agregó que los fondos pagan la compra de bombas de agua y transformadores eléctricos.

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Estrategia fallida

En 2007, Hugo Chávez inició una ola de nacionalizaciones que puso a cientos de empresas bajo control estatal en sectores descritos como «estratégicos». Estos iban desde operaciones de la industria petrolera hasta empresas agrícolas y procesadoras de alimentos.

Esas empresas sufrieron una corrupción desenfrenada. Además, los controles de precios que minimizaban los ingresos las dejaban  dependientes del financiamiento gubernamental.

El esquema de subcontratación no siempre ha funcionado.

Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, instaló oficinas en dos estados bajo administración privada, según dos fuentes. Dijeron que la empresa aún tiene dificultades para entregar los productos que necesitan los agricultores.

Cuatro ingenios azucareros ubicados en el corazón agrícola -nacionalizados en la era de Chávez-, permanecen inactivos a pesar de haber tenido operaciones subcontratadas a empresas privadas.

Uno de ellos es el molino Pio Tamayo, que está bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021. Sus trabajadores se quejan de operaciones paralizadas y pago tardío de salarios.

«Iban a invertir en las instalaciones y en materias primas, lo que no ha sucedido», dijo el empleado Noel Quetel en una entrevista.

Con información de Reuters.

 

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