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El inevitable camino de Maduro a la Corte Penal Internacional

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El inevitable camino de Maduro a la Corte Penal Internacional

Con un expediente por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su responsabilidad el dictador venezolano estaría a punto de hacer historia.

Humberto Andrade | Primer Informe

Próximamente, la fiscal de la Corte Pena Internacional estaría por presentar un nuevo informe sobre la situación de Venezuela. Marino Alvarado, de la organización defensora de los derechos humanos Provea alertó sobre la situación en Twitter.

El activista advierte que Nicolás Maduro, aún ejerciendo el poder de facto, podría ser el primer jefe de Estado del continente en ser investigado por la CPI por crímenes de lesa humanidad.

A finales de 2020, la CPI declaró que en Venezuela sí se han cometido crímenes de Lesa Humanidad. Anunciaba que este año decidiría iniciar una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con las evidencias recabadas, decía la Corte, había suficiente «fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad».

La CPI señala como responsables directos a varios organismos de seguridad chavistas como la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM, entre otros. 

LEA TAMBIÉN: Violaciones de Derechos Humanos y crímenes en Apure serán elevados a la OEA y CPI

Más evidencias

El panorama para Maduro no ha mejorado. Este año, los graves hechos en el estado Apure (frontera con Colombia), volvieron a revelar un patrón grave de abusos. Además de nuevos testimonios y evidencias en su contra. 

Las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales continúan. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch denuncian esa situación.

El director de esa organización, José Miguel Vivanco, advirtió que los testimonios de los afectados y otras pruebas ya habían sido presentados ante la CPI.

Este año también fueron denunciadas la detención arbitraria y torturas al ciudadano estadounidense Mathew John Heath por parte de las policías del régimen chavista.

Limpieza de imagen

Mientras tanto, en Venezuela, el régimen  de Maduro intenta limpiar su imagen. Con una serie de acciones, la dictadura quiere dar la imagen de que trabaja para corregir los mecanismos que terminaron en abusos.

Por un lado, el propio Maduro ordenó una reforma policial orientada a depurar la Policía Nacional Bolivariana. A ese cuerpo policial están adscritas las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a las cuales se atribuyen gran parte de las ejecuciones extrajudiciales el país.

Por otro lado, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, reabrió viejos casos que han sido emblemáticos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo.

Uno de ellos fue el  asesinato del concejal Fernando Albán. Sumó a los funcionarios implicados en su muerte los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga», y «quebrantamiento de normas de custodia».

También reabrió otro caso, el de Juan Pablo Pernalete, quien murió durante las protestas de 2017. Saab confirmó la versión de su antecesora Luisa Ortega Díaz quien aseguraba que Pernalete murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada al cuerpo.

Por ese crimen, Saab también confirmó la imputación de 12 funcionarios.

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