Maduro asoma una reforma policial para seguir lavando su imagen ante la CPI
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De acuerdo a los informes de numerosas ONG ‘s en Venezuela y de la Alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los organismos policiales son quienes más violan derechos humanos en Venezuela.
Redacción | Primer Informe
Desde hace algunas semanas el régimen de Nicolás Maduro busca limpiar su cara ante la CPI por los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Venezuela. La última jugada del chavismo es una reforma policial con la intención de dar a entender que se están corrigiendo viejos errores.
De acuerdo a los informes de numerosas ONG ‘s en Venezuela y de la Alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los organismos policiales son quienes más violan derechos humanos en Venezuela.
Organismos que tienen su razón de ser en generar tranquilidad a los habitantes de un país, producen todo lo contrario en quienes viven en la nación sudamericana.
En 2020 al menos 2.853 personas fueron asesinadas en el país por diferentes cuerpos armados del Estado, de acuerdo con las estadísticas de Provea.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), por medio de su grupo élite, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo que acumula la mayor cantidad de muertes con 672 asesinatos, seguido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos.
En tercer lugar están las policías de los estados, siendo responsables de 721 presuntas ejecuciones, mientras que la Fuerza Armada Nacional acumuló 359 casos.
Bachelet en su último informe dedicó un capítulo especial a las FAES y desde 2019 recomendó de forma inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver el organismo policial por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en las que está involucrado. Hasta ahora eso no ha pasado.
Lo que quiere hacer el régimen para hacer creer que cumple con lo recomendado es la orden de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana que está publicada en Gaceta Oficial Nº42.105 fechada el 13 de abril de este año.
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¿Qué se busca con esta reforma policial?
Esta reforma ordenada por Nicolás Maduro busca reimpulsar la doctrina original de la policía “eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, protección y autoridad para garantizar la seguridad y la paz del pueblo”.
También busca contribuir con los fines del Estado “en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos”.
En una entrevista para Tal Cual, el abogado penalista Luis Izquiel señala que la supuesta transformación de la PNB surge luego de una serie de denuncias nacionales e internacionales por violación a los derechos humanos por parte de este organismo.
La intención del régimen chavista es enviar señales a la CPI de que aparentemente están corrigiendo los errores que pudo haber cometido las FAES “diciendo que no va a suceder porque el organismo va a ser reestructurado”.
El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, por su parte considera que aunque la idea del régimen es presentar la reforma policial como un proceso rectificador, desde su origen es errado.
Alvarado sostiene que este “busca aparentar que hay esfuerzo por parte del gobierno de cambiar prácticas de ejecuciones, pero desde que se dictó el decreto la PNB sigue matando personas”.
Marino Alvarado celebra la disolución de las FAES acatando las recomendaciones de Bachelet, pero señala que para que esta decisión no se vea como “un maquillaje, sino como un cambio significativo” debe empezar por poner a la orden de la justicia a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.
Si no se hacen esos correctivos, señala Marino Alvarado, “la población seguirá sufriendo violencia policial”.
El maquillaje a las FAES
Otra de las jugadas del régimen para lavarse con la CPI, es el cambio del nombre de las FAES, lo que Luis Izquiel considera como un “maquillaje digno del Miss Venezuela, porque al fin y al cabo seguirá siendo lo mismo si no hay una estructuración profunda y verdadero dentro del organismo”.
En este sentido, Izquiel señala que aunque Maduro y el chavismo busque mostrar intenciones de cambio en sus políticas y prácticas policiales, estos recursos de última hora no causarán efecto en la CPI.
“Este organismo está enfocado en la actuación del año 2017, en la falta de sanciones a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos” y que en el país no hay justicia porque las instituciones están en manos del poder.
La reforma llevada a cabo por militares
La información del medio venezolano detalla que aunque Maduro indicó que esta nueva reestructuración policial busca retomar el proyecto doctrinario original con el que se conformó la PNB, el hecho de que se haya encargado esta reforma a militares ya la convierte en inconstitucional.
Izquiel y Alvarado coinciden en que esto es una desviación de lo que fue el inicio del nuevo modelo policial y va en contra de la Conarepol -espacio plural, académico, diverso e interinstitucional que trabajó para la formulación de un modelo policial basado en el respeto a los derechos humanos.
Allí se hace énfasis al carácter civil de la policía.
Izquiel enfatiza que Maduro ha profundizado el carácter militar de los cuerpos policiales en Venezuela, aunque ya se veía con Chávez.
Marino Alvarado por su parte dice que “nada más alejado de ese proyecto que una filosofía militar”.
“Lo que se debería transformar allí es quitar el militarismo y reivindicar el carácter civil de la policía”, resume Luis Izquiel
Sin embargo, al mismo tiempo matiza que esta comisión presidida por Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz (almirante retirada) junto a dos militares más se pierden las esperanzas.
Para Marino Alvarado, con esta comisión de reestructuración lo que se hace es “constatar la ratificación de una desviación que ya tiene la PNB con militares en su principal cadena de mando”.
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