Polémico rescate de Plus Ultra será examinado en el Tribunal de Cuentas en España
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El Tribunal de Cuentas investigará si los miembros del Consejo de Administración de la SEPI fueron “cooperadores necesarios” en una supuesta malversación de fondos con las ayudas que el organismo administra.
Redacción | Primer Informe
El rescate de la aerolínea chavista en España, Plus Ultra, sigue escalando y esta vez un escrito presentado por el sindicato Manos Limpias, el caso llegó al Tribunal de Cuentas en el que se insta al organismo examinar las cuentas de los tres últimos años de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
SEPI que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda fue el encargado de emitir la polémica ayuda de 53 millones de euros a la cuestionada aerolínea Plus Ultra.
Miguel Bernad secretario de Manos Limpias argumentó en el documento que el desembolso de dinero público destinado a la empresa vinculada con empresarios chavistas es solo “la punta del iceberg”, de lo que se considera un uso fraudulento de las ayudas a esas empresas consideradas “estratégicas”.
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¿Que haría el Tribunal de Cuentas luego de esta solicitud?
Según la información publicada en La Razón, Bernad quiere que el Tribunal de Cuentas “proceda a auditar” mediante un informe contable, “las ayudas públicas concedidas por esa entidad pública”,
Según Bernad, la SEPI dispone de un fondo de 10.000 millones de euros para estos fines, durante el último trienio.
“Existe una presunción más que razonable de que ese fondo ha sido utilizado fraudulentamente –mantiene Manos Limpias– siendo el primer caso detectado, la concesión de 53 millones de euros a la aeronáutica Plus Ultra”, reza el escrito al que tuvo acceso La Razón.
La ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra a través de la SEPI, está siendo investigada por un juzgado de Madrid, pues representa “la punta del iceberg del resto de ayudas públicas concedidas presuntamente con fraude”.
La investigación por la ayuda a Plus Ultra
Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, es la encargada de investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ex presidente en funciones del organismo.
La motivación de la investigación fue la ayuda que otorgó 53 millones de euros a Plus Ultra. También están siendo investigados los miembros de su Consejo de Administración, unos 14 altos cargos de nueve ministerios, entre ellos las secretarías de Estado de Hacienda y Economía.
La semana pasada, la instructora admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Lora y su Consejo de Administración por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al considerar que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Collazos ya ha instado a la SEPI a que identifique a los integrantes de su Consejo de Administración y que le remita el expediente completo tramitado para la ayuda pública otorgada a Plus Ultra.
La magistrada ya ha reclamado a la SEPI que identifique a los integrantes de su Consejo de Administración y que le remita el expediente completo tramitado para la ayuda pública» otorgada a Plus Ultra.
¿Por que la SEPI consideró a Plus Ultra una compañía estratégica?
Manos Limpias considera a los miembros del Consejo de Administración de la SEPI “cooperadores necesarios” de esa supuesta malversación por la gestión de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
El colectivo de funcionarios cuestiona el carácter estratégico de una compañía que, según expone en su denuncia, opera solo “con el 0,03% de los vuelos en España” y arrastra números rojos desde su fundación en 2011, con unas pérdidas de diez millones de euros.
“Solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”, que además “solo ha hecho un vuelo a Venezuela”, señalaba.
De hecho, Plus Ultra transporta solo al 0,08% de los pasajeros internacionales y “aporta menos del 1% de las conexiones aéreas” en el aeropuerto de Barajas.
El sindicato pidió a la juez que reclamara a la sociedad estatal el plan de viabilidad de la compañía y los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultoras DC Advisory y Deloitte. Por el momento, la juez no ha accedido a esa petición.
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