EEUU continúa intensificando operaciones contra el lavado de dinero en Latinoamérica
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Los patrones utilizados por el Departamento de Justicia sirvieron para esclarecer y procesar operaciones de lavado en varios países de Latinoamérica.
Redacción | Primer Informe
El departamento de Justicia de los Estados Unidos sigue ejecutando operaciones de lavado de dinero en Latinoamérica a través de uno de sus estatutos que sigue siendo una gran herramienta contra este flagelo.
La Sección de Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia publicó el informe Revisión del año 2020. Allí se detallaron los éxitos de la aplicación de la ley de cuello blanco.
Entre los operativos exitosos revelados por el Departamento de Justicia destacan cuatro casos en los que empleó los estatutos de lavado de dinero para perseguir a presuntos destinatarios de sobornos en el extranjero.
Cabe destacar que todos están fuera del alcance de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
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Los casos más emblemáticos del informe 2020 del Departamento de Estado
Los casos detallados en el informe muestran la continuidad del Departamento de Justicia en las operaciones contra el lavado de dinero en Latinoamérica.
La intención de perseguir las actividades extranjeras corruptas que utilicen las instituciones financieras estadounidenses.
El primero es sobre Sargeant Marine, Inc. («Sargeant Marine»), una empresa de asfalto que anteriormente tenía su sede en Boca Ratón, Florida.
Los sobornos a petroleras en Brasil, Ecuador y Venezuela
Entre 2010 y 2018, supuestamente sobornó a funcionarios extranjeros en Brasil, Ecuador y Venezuela. En esos países pagó millones de dólares a cambio de contratos para vender asfalto a las empresas petroleras estatales de esos países.
Sargeant Marine supuestamente desarrolló acuerdos de consultoría falsos y luego transfirió dinero de su cuenta bancaria a cuentas en el extranjero. Estas cuentas eran controladas por intermediarios involucrados en el esquema. De esta forma ocultó los sobornos.
El Departamento de Justicia acusó a Sargeant Marine y a varios de sus agentes de violaciones de la FCPA y, en septiembre de 2020, anunció que Sargeant Marine se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y pagó una multa penal de $ 16.6 millones.
En septiembre de 2020, se reveló una información criminal en un tribunal federal en Brooklyn que acusaba a un funcionario venezolano de lavado de dinero en relación con el esquema Sargeant Marine.
Según la información , el funcionario, ex comerciante de la estatal petrolera venezolana PDVSA, recibió 229.000 dólares en sobornos en su cuenta en un banco estadounidense.
Venezuela en la mira del Departamento de Justicia
Venezuela ha sido uno de los focos del Departamento de Justicia en sus operaciones contra el lavado de dinero en Latinoamérica. En especial por Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia ha perseguido a ciudadanos venezolanos por cargos de lavado de dinero y soborno extranjero de alto perfil.
El informe 2020 señaló que el Departamento de Justicia obtuvo varias declaraciones de culpabilidad de funcionarios venezolanos de alto rango y anunció nuevos cargos.
Por ejemplo, Carlos Enrique Urbano Fermín, un empresario venezolano, presuntamente pagó sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de contratos inflados de bienes o servicios.
Según la información presentada contra Fermín , los pagos por el esquema se realizaron a cuentas bancarias en Estados Unidos.
Además, Lenny Rangel y Edoardo Orsoni, ambos exfuncionarios de PDVSA, supuestamente aceptaron sobornos de ejecutivos venezolanos a cambio de ayudar a los empresarios a obtener contratos gubernamentales.
Según la información presentada contra Rangel, los pagos se realizaron a través de un banco en el sur de Florida.
El Departamento de Justicia acusó también al empresario venezolano Natalino D’Amato por 11 cargos por supuestamente lavar 160 millones de dólares en ganancias de soborno que involucran a PDVSA entre 2013 y 2017.
Nuevamente, esas transacciones supuestamente fluyeron a través de cuentas bancarias estadounidenses controladas por D’Amato.
Ecuador también estuvo en la lupa del Departamento de Justicia
En Ecuador acusó a funcionarios públicos ecuatorianos de recibir y ocultar sobornos a cambio de obtener negocios con la petrolera estatal PetroEcuador y la aseguradora estatal Seguros Sucre SA.
Este caso fue sobre el soborno de intermediarios que supuestamente facilitaron la infracción a través de cuentas bancarias estadounidenses.
En resumen, los estatutos sobre lavado de dinero siguen siendo una herramienta de ejecución en el extranjero que el Departamento de Justicia utiliza regularmente para perseguir conductas extranjeras ilícitas que de otra manera no podría alcanzar bajo la FCPA.
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