Esta es la ley socialista que rechazan los médicos bolivianos
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A la protesta de los médicos también se suma la de los productores de coca contra el control de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el mercado legal para la venta de la planta.
Redacción | Primer Informe
La ley de emergencia sanitaria del Gobierno socialista del presidente Luis Arce es la nueva legislación que rechazan los médicos bolivianos, pues aseguran que favorecería la corrupción por establecer la rendición de cuentas del sector salud como información confidencial.
Al menos una semana de protesta activa es la que tienen los profesionales de la salud en Bolivia.
El acuerdo entre el gobierno y los médicos está lejos de suceder por la “falta de voluntad” de parte del mandatario. Arce no acepta que los asuntos relacionados con el gasto estatal en vacunas, medicamentos y la adquisición de bienes son de carácter público.
A parte de la ley socialista que rechazan los médicos bolivianos, también critican la falta de transparencia que esta legislación otorga al estado para llevar negociaciones sobre el gasto estatal.
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Paro general en rechazo a la ley socialista
Las consultas y las cirugías electivas fueron suspendidas hasta el domingo. Los médicos bolivianos cubrieron sólo los puestos de trabajo en el servicio de emergencias como medida de presión hasta lograr la nulidad de la normativa.
Desde su cuenta en Twitter comparten las manifestaciones desplegadas en el país suramericano y anuncian además una demanda de acción anticonstitucional que será evaluada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) antes de consignarla en los tribunales bolivianos.
Rechazo a la discriminación profesional
La ley socialista que rechazan los médicos bolivianos es también discriminantes según los trabajadores del sector salud en la nación sudamericana.
La norma permite la contratación de personal médico extranjero, así como la aplicación de tarifas a los medicamentos y servicios de hospitalización al igual que el tratamiento contra la COVID-19.
“Esta es una invitación a que vuelvan los médicos cubanos” como ocurrió en la presidencia de Evo Morales, asegura Fernando Romero, vocero del Sindicato de Ramas Médicas del Servicio en Salud.
¿Qué desencadenó este rechazo contra la ley socialista de Arce?
Estas protestas fueron desencadenadas por las prohibiciones del derecho a la huelga o protestas mientras rija el estado la “emergencia sanitaria”.
Es decir, mediante esta táctica se imposibilita al gremio médico poder expresar su desacuerdo con las condiciones hospitalarias o el mismo programa de vacunación.
Pese a que la representación nacional de los médicos firmó con el gobierno un documento de conciliación, las filiales del eje central del país Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, rechazan las modificaciones y la vigencia de la legislación.
Estos consideran que, en primera instancia, “nunca” se tomó en cuenta su criterio para esta elaboración. Esa indiferencia condujo a los profesionales de la salud al paro definido.
“Las movilizaciones seguirán hasta lograr la abrogación de la ley”, ratificó Fernández a pesar de las invitaciones del Ejecutivo para consensuar una reglamentación.
¿Qué dice el gobierno de Luis Arce de la protesta del gremio médico?
Un retracto que no luce viable para el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Freddy Mamani, quien tildó como “imposible” un cambio en la normativa que ya el Senado votó.
Mamani está de acuerdo con la “discrecionalidad” sobre el manejo del gasto. También apoya imponer un precio de medicamentos de prioridad para tratar a los pacientes con diagnóstico de COVID-19.
El congresista alega que las clínicas privadas lo hacen con quienes presentan complicaciones por la enfermedad.
Médicos y cocaleros ponen el panorama difícil a gobierno de Arce
La protesta contra la ley que rechazan los médicos bolivianos se realiza en simultáneo con la de los productores de hojas de coca de la zona boliviana de los Yungas.
Ambas situaciones son el foco de conflicto en Bolivia, en medio de una coyuntura especial por las próximas elecciones subnacionales y la pandemia.
El conflicto de los cocaleros se debe al control de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el mercado legal para la venta de la planta en el barrio de Villa Fátima, que se encuentra ubicado en La Paz.
Un fallo judicial benefició a una facción afín al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS). Éste partido se atribuye el liderazgo de Adepcoca, pero la facción es minoritaria.
Los productores se mantienen en vigilia en el lugar para evitar que la otra facción tome el edificio.
Además denuncian que tres cocaleros resultaron heridos durante la represión policial que frenó días atrás su intento de ingresar a la plaza Murillo. Allí se encuentran las sedes del Gobierno y el Parlamento nacional.
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