Daniel Ortega quiere arrebatar negocio eléctrico a consorcio español en Nicaragua
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La dictadura orteguista va detrás de la industria de generación eléctrica.
Redacción | Primer Informe
La última propuesta de Daniel Ortega es declarar de «seguridad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones» de un consorcio español en Nicaragua que maneja la distribución eléctrica.
Se trata de la distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional, conformada por las empresas españolas TSK y Melfosur.
Éstas son dueñas de acciones en las empresas nicaragüenses Disnorte y Dissur.
La «Ley de aseguramiento soberana y garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense» quiere «garantizar la continuidad y seguridad del servicio público básico de la energía eléctrica a la población», según el texto enviado por el régimen orteguista.
«Por ministerio de la presente Ley, la participación accionaria de TSK-Melfosur Internacional S.A., en Disnorte y Dissur, pasa a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua», señala el artículo 1 de la iniciativa.
Historia de un consorcio español en Nicaragua
Disnorte y Dissur, antes de ser propiedad de la filial nicaraguense de la española Gas Natural Fenosa, pertenece hasta ahora al consorcio español en Nicaragua TSK-Melfosur Internacional.
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Gas Natural Fenosa vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a TSK-Melfosur por 57,8 millones de dólares a inicios del 2013.
Gas Natural Fenosa, empresa española, era dueña del 84% de las acciones de Disnorte y Dissur.
Ambas son las principales distribuidoras de energía eléctrica en el país centroamericano desde el año 2000.
El contrato estipula, además, un período de 30 años.
La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua.
Lo hizo como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.
Hasta dónde quiere llegar Ortega
La iniciativa presentada por el oficialismo establece que Disnorte y Dissur serán operadas y administradas por las instituciones del Estado.
Deja que Disnorte y Dissur continúen siendo sociedades anónimas y sin cambios en sus relaciones comerciales con socios y clientes, además de con trabajadores.
Ortega dice que se compromete a la continuidad del servicio público y que en menos de un año garantizará la participación de otros operadores.
Las dos distribuidoras de energía llegan a unos 1,2 millones de habitantes, en un país que posee 6,5 millones.
Con información de El Periódico de la Energía.
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